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La policía de Puerto Rico afronta una extensa "cultura" de abusos, uso excesivo de la fuerza y atropellos de los derechos humanos y civiles, sin rendir cuentas pese a las reformas prometidas por el Gobierno en la isla, según denunció el 19 de junio la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, en inglés).

El informe de 180 páginas, titulado "La isla de la impunidad: la fuerza policial de Puerto Rico fuera de la ley", documenta los abusos y carencias del segundo departamento policial más grande de EE.UU., que cuenta con más de 17.000 policías.

Los abusos no son "casos aislados" sino que la brutalidad policial es "sistémica, propagada por toda la isla y continua", advirtió Jennifer Turner, del programa de derechos humanos de ACLU. "La Policía de Puerto Rico está inmersa en una cultura de abusos desmedidos y una impunidad casi total".

El análisis fue divulgado nueve meses después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. publicara su propio informe sobre las violaciones constitucionales cometidas por la policía en la isla, incluyendo incidentes entre 2004 y 2008 y represión de manifestantes en 2009 y 2010.

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado y por lo tanto está bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses.

Pero el documento de ACLU describe áreas adicionales en las que la policía también ha cometido abusos e incluye incidentes desde 2007 hasta el mes pasado.

Según la ACLU, la policía boricua carece de mecanismos para investigar quejas por abusos, y hasta los encubre, y no cuenta con sistemas para capacitar, supervisar y sancionar a sus agentes.

El director ejecutivo de ACLU en EE.UU., Anthony D. Romero, se quejó de que el Gobierno de San Juan aún no ha cumplido con su promesa de reformar el sistema, mientras "la gente sigue sufriendo bajo un departamento de policía que está fuera de control".

Su contraparte en Puerto Rico, William Ramírez, consideró que las reformas propuestas por el gobernador Luis Fortuño para la rendición de cuentas han sido, en el mejor de los casos, "superficiales" y casi ninguna se ha puesto en marcha.

Entre los casos documentados por ACLU figuran el uso excesivo de la fuerza contra la población civil, en particular en barrios de pobres, negros e inmigrantes dominicanos, y la supresión violenta de manifestaciones pacíficas.

La policía tampoco ha hecho lo necesario para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Según el informe de ACLU, entre 2010 y 2011 la policía mató a al menos 21 civiles. De hecho, la tasa per cápita de tiroteos mortales a manos de la policía en 2010 fue casi el triple de la registrada en Nueva York ese año.

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