El Gobierno del presidente Barack Obama anunció que ya no se referirá a los detenidos en Guantánamo como "combatientes enemigos" y que revisará la política aplicada a quienes sean capturados en conflictos armados u operaciones contra el terrorismo.

"El resultado de esa revisión podría conducir a un mayor refinamiento de la posición del Gobierno, que desarrolla una política integral" sobre el problema, dijo el Departamento de Justicia.

"Es esencial que funcionemos de una forma que fortalezca nuestra seguridad nacional y sea consecuente con nuestros valores y regida por la ley", manifestó el secretario de Justicia, Eric Holder.

"El cambio que hemos hecho hoy cumple con esas normas y hará más fuerte a nuestra nación", agregó.

El Ejecutivo del presidente George W. Bush (2001-2009) comenzó a utilizar el término "combatientes enemigos" para referirse a presuntos terroristas capturados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En una orden ejecutiva, y para no aplicarles las leyes estadounidenses, Bush creó el centro de detención de Guantánamo (Cuba), lo que supuso su confinamiento sin cargos y de manera indefinida.

Sin embargo, en documentos presentados ante un tribunal federal, el Departamento de Justicia indicó el viernes que, pese a que no usará el término de "combatientes enemigos", el Gobierno de Obama mantendrá su facultad de retener a los reclusos en Guantánamo en virtud de una autorización aprobada por el Congreso en septiembre de 2001.

Esa autorización permitió "el uso de la fuerza contra naciones, organizaciones o personas que el presidente determine que hayan planeado, autorizado, cometido o ayudado en los ataques de S-11", indicó.

Los documentos presentados señalaron que "el Gobierno no se atribuye la autoridad de retener personas en base a un apoyo insignificante" a organizaciones terroristas como Al Qaeda o los talibanes.

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que, pese a que se abandona el término de "combatientes enemigos", la nueva política no constituye un cambio relevante respecto a "la mal concebida idea de la Administración Bush sobre la guerra contra el terrorismo".

"Al menos por ahora, la Administración de Obama se abroga la facultad de capturar a gente en cualquier parte del mundo sobre la base de su apoyo o asociación con Al Qaeda o los talibanes y de confinarla en detención militar por lo que podría ser el resto de su vida", dijo Joanne Mariner, directora del programa sobre terrorismo y contraterrorismo de la organización no gubernamental.

Mariner añadió que la única buena noticia es el énfasis de que la posición del Ejecutivo podría cambiar tras una revisión integral de la política de detención.

"Instamos a que el Gobierno de Obama reconsidere sus puntos de vista. Debería procesar a los sospechosos en tribunales federales y no eludir el sistema de justicia criminal", planteó.

En Guantánamo aún permanecen alrededor de 240 presuntos terroristas y el nuevo Ejecutivo ha prometido cerrar ese centro de detención en el curso de un año.

La mayoría de los detenidos fue capturada en las operaciones militares que Estados Unidos ha llevado a cabo en Afganistán y en Irak tras el 11-S.

Los documentos que aclaran la posición del Gobierno fueron presentados ante el tribunal en respuesta a una demanda de Shafiq Rasul, Asif Iqbal, Rhuhel Ahmed y Jamal Al-Harith, ciudadanos británicos en fueron enviados a su país en 2004 tras haber estado en Guantánamo.

Los cuatro acusan a las autoridades militares de la base naval de Estados Unidos en Cuba de haberlos sometido a diversos tipos de tortura, incluido el hostigamiento religioso.

La demanda fue dirigida contra el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el general retirado Richard Myers, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses.