Legisladores y grupos cívicos de EEUU
cuestionaron el jueves la eficacia del controvertido programa migratorio
"287g" porque, en vez de arrestar y expulsar del país a peligrosos
criminales, las autoridades se han ensañado con indocumentados que
cometen infracciones menores.

Según un informe divulgado oficialmente el jueves durante una audiencia
del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, las
autoridades policiales han recurrido al programa no para arrestar a
criminales sino a extranjeros indocumentados incluso por
infracciones de tránsito.

"Desconozco si el programa 287g es eficaz, sí sé que ha sido
acusado de discriminación (de inmigrantes por su aspecto físico) y
esa acusación nos debe preocupar a todos", dijo el presidente del
Comité, Bennie Thompson (D-Misisipi), al inicio de la audiencia.

La Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, en inglés) destacó
problemas en la aplicación del programa "287g", que deriva de una
ley migratoria de 1996 y que permite que la policía local coopere
con los agentes de inmigración en el arresto de indocumentados.

Entre 2002 y octubre de 2008, la Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE), que ejecuta el programa, inscribió a 67 agencias policiales
en 23 estados, además de que dio capacitación a un total de 951
agentes locales y estatales, según la GAO.

Sólo que, en algunos casos, los indocumentados han sido
arrestados por conducir a alta velocidad, por lo que la GAO emitió
recomendaciones para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
mejore los controles del programa voluntario.

Thompson dijo que si bien ha aumentado la popularidad del
programa, con la consiguiente deportación en 2008 de 29.000 personas
y un presupuesto de poco menos de 40 millones de dólares, es difícil
determinar la eficacia del mismo porque, según la GAO, ICE no ha
recabado información fiable.

Veinte de los 29 acuerdos de ICE revisados por la GAO carecían de
datos precisos sobre qué tipo de información debían recabar los
agentes policiales.

Así, la GAO recomendó que ICE documente con claridad el objetivo
del programa "287g" y, sobre todo, precise el tipo de datos que debe
archivar cada agencia policial.

Las agencias que participan en el programa aseguran que éste ha
contribuido a una reducción en los índices de criminalidad y a un
aumento de la expulsión de delincuentes reincidentes.

La policía del condado de Frederick, en Maryland, se sumó al
programa en abril de 2008 y desde entonces, según las autoridades,
ha identificado a 337 indocumentados, de los cuales 309 afrontan
proceso de deportación.

Para refutar los argumentos de los detractores, Charles Kenkins,
alguacil de ese condado desde noviembre de 2006, afirmó que el
programa contribuye a la seguridad pública.

Citó como ejemplos el arresto de un indocumentado por conducir
borracho en una zona escolar en horas de colegio, y la deportación
de peligrosas bandas criminales.

Pero Thomas Manger, jefe de policía del condado de Montgomery,
también Maryland, señaló que la vigilancia de las leyes migratorias
es una tarea federal y no tiene sentido que endilgar esa
responsabilidad a la policía local.

Las leyes migratorias son muy complejas y su aplicación por parte
de la policía local "minaría el nivel de confianza y cooperación
entre la policía y las comunidades migrantes", advirtió Manger,
haciéndose eco de la mayoría de departamentos policiales en EEUU que
ha rechazado el programa.

La desconfianza, a su vez, conlleva a que los inmigrantes no
denuncien crímenes y, "en realidad, los inmigrantes, tanto legales
como indocumentados, tienen más posibilidades de ser víctimas de
crímenes que los ciudadanos", observó.

El programa ha causado la repulsa de la mayoría de las
organizaciones hispanas, de grupos pro-inmigrantes y cívicos como la
Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).

"Es hora de que el Congreso y la nueva Administración suspendan
temporalmente el programa y ordene una revisión exhaustiva de todos
los acuerdos suscritos con ICE", dijo a Efe Joanne Lin, asesora
legal de ACLU.

"Aconsejamos que también hagan audiencias sobre el terreno en los
sitios donde ha entrado en vigor el programa. Pero, hasta que se
contesten todas las dudas e interrogantes de los legisladores sobre
la aplicación y eficacia del programa, lo más sabio es que lo
suspendan", puntualizó.

William Riley, un funcionario del DHS, dijo que la agencia ha
iniciado una revisión de todas sus políticas, incluido el "287g".