Un nuevo escándalo sacude al servicio de inteligencia de Colombia por las denuncias de que interceptó los teléfonos y correos electrónicos de dirigentes de la oposición, magistrados, periodistas y otras personalidades, lo que obligó al Gobierno a ordenar una investigación.

La última edición de la revista Semana, que salió a circulación este sábado, reveló que durante varios meses el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) también realizó escuchas a algunos funcionarios, y denunció que dentro de ese organismo existe una red que vende informaciones de inteligencia a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros.

El director del DAS, Felipe Muñoz, aseguró que junto a la Fiscalía y al Ministerio Público se creará un grupo elite que investigará esas denuncias y negó que desde su dependencia o desde el Gobierno se haya impartido la orden de realizar las escuchas telefónicas.

Los investigadores deberán tener como objetivo establecer si existe una "red mafiosa" dentro de ese organismo "que pretende atentar contra la seguridad nacional", dijo el funcionario.

"El director del DAS impartió órdenes precisas para que a nivel interno se inicien las investigaciones del caso y se establezcan los presuntos responsables para judicializarlos", añadió.

Asimismo, indicó que le solicitará al Congreso que agilice un proyecto de ley en el que se piden facultades extraordinarias para reformar al servicio de inteligencia y otro en el que se agravan desde el punto de vista disciplinario algunas fallas y conductas de los funcionarios del DAS.

Por su parte, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, calificó como graves esas denuncias e indicó que a los culpables les debe caer todo el peso de la ley.

"Me parece terrible, este es un hecho que hay que condenar y hay que investigar y al culpable o los culpables les debe caer todo el peso de la ley", dijo el funcionario.

Santos indicó que el Gobierno no tiene como política hacer interceptaciones telefónicas "a nadie que no merezca serlo".

"Les aseguro que el Gobierno no es el responsable. Debe ser un acto criminal por fuera de las instituciones del Gobierno", añadió Santos.

Varios de los documentos y grabaciones de las conversaciones que recopiló el DAS fueron destruidos entre el 19 y 21 de enero pasado, en el piso 11 de la sede principal del DAS en Bogotá, ante la llegada de Muñoz como nuevo director desde el 22 de ese mes, según la investigación periodística.

Uno de los detectives que trabajaba en la subdirección de operaciones del DAS y que participó en el espionaje indicó a la revista que los congresistas opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro estaban entre las personalidades a las que se les interceptaron lo teléfonos.

Córdoba y Petro responsabilizaron del hecho al presidente colombiano, Álvaro Uribe, e indicaron que él debe explicar por qué se les interceptaron sus teléfonos y correos electrónicos.

Petro añadió que el DAS se ha prestado para una actividad antidemocrática y por eso hará "una denuncia ante las instancias internacionales".

"Es indudable que la orden proviene del presidente, que es una persona que no tiene valores democráticos", aseguró el congresista.

La fuente de Semana indicó que cualquier persona que represente un eventual peligro para el Gobierno debía ser "vigilada" y por eso se decidió hacer escuchas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada de investigar a unos 70 congresistas del oficialismo por sus supuestos nexos con los grupos paramilitares.

Además de los funcionarios judiciales, el DAS también consideró como "blancos legítimos" a periodistas y medios de comunicación.

"Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'línea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes 'duras'", dijo el detective a la revista.

El funcionario del DAS puntualizó que muchos funcionarios del Palacio de Nariño (sede de Gobierno) son los que piden al servicio de inteligencia iniciar las escuchas contra opositores del Gobierno.

En octubre de 2005 el servicio de inteligencia terminó envuelto en un escándalo que llevó a la salida de su entonces director, Jorge Noguera, hoy preso en una cárcel, por los supuestos nexos que tenía él y ese organismo de seguridad con los grupos paramilitares.