El gobierno federal promulgó el lunes reformas por las que se crea un registro nacional de usuarios de telefonía móvil y a través del cual se buscará inhibir el uso de celulares en la comisión de delitos como el secuestro y la extorsión telefónica.

Con las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que entrarán en vigor en 60 días, los concesionarios de telefonía móvil deberán exigir documentación que avale el nombre, domicilio, nacionalidad e incluso tomar la huella dactilar de un comprador de celular.

Las obligaciones aplican tanto para celulares adquiridos por contrato como de prepago.

Las compañías telefónicas también tienen la obligación de mantener al menos por 12 meses registros de las llamadas y mensajes; la fecha, hora y duración de una comunicación.

Los actuales usuarios de teléfonos celulares, más de 70 millones, tendrán un plazo de un año para realizar el registro correspondiente de su número, presentar su documentación y poner su huella dactilar. En caso de no hacerlo, los concesionarios deberán cancelar las líneas.

Las empresas realizarán el registro y la Comisión Federal de Telecomunicaciones supervisará que se haga conforme a la norma.

En los últimos años, las autoridades han señalado que delincuentes han aprovechado la falta de registros de teléfonos celulares, sobre todo los de prepago, para usarlos en extorsiones y secuestros.

Con el llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se espera contar con elementos para rastrear un celular y a nombre de quién está, en caso de que sea utilizado en la comisión de algún delito.

Con los nuevos controles, los usuarios tienen también obligación de reportar la pérdida o robo de sus aparatos para que cuando eso ocurra las líneas sean inhabilitadas.

Las reformas señalan que los concesionarios deben entregar los datos con los registros a las autoridades de procuración de justicia cuando investiguen casos de extorsión, amenazas, secuestro o algún delito relacionado con el crimen organizado.

Durante el debate hace unos meses de la iniciativa en el Congreso, el Senado señaló que se estimaba la existencia de más de 700 bandas dedicadas a la extorsión, con modalidades que van desde amenazas de que tienen a algún familiar secuestrado hasta supuestos viajes o dinero que han ganado.