Catorce militares salvadoreños serán
investigados por la Justicia española por su presunta implicación en
la matanza de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989, pero la
causa no incluirá al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani,
como pedían las organizaciones demandantes.

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco admitió
una querella presentada el pasado 13 de noviembre por la Asociación
Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y
Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional instruirá la causa contra los catorce miembros
del Ejército de El Salvador por delitos de asesinatos terroristas y
contra el derecho de gentes.

Sin embargo, en un auto judicial hecho público el martes, Velasco
argumenta que no hay "base indiciaria suficiente" para admitir la
querella contra el ex presidente Cristiani.

Destaca, además, que al ex mandatario no se le ha imputado por
delitos de "participación en crímenes terroristas o de otra
naturaleza de persecución universal", sino por un supuesto delito de
encubrimiento que no tiene "persecución" universal.

En un comunicado, la APDHE, presidida por el letrado Manuel Ollé
-que ejerció la acusación en la causa contra el ex dictador chileno
Augusto Pinochet- destacó que la admisión de la querella supone "un
paso adelante en la lucha contra la impunidad" y "el reconocimiento
del derecho a la tutela judicial de las víctimas".

Asimismo, indica que la decisión judicial "complementa todos los
esfuerzos de la sociedad salvadoreña para el enjuiciamiento de los
responsables de los horrendos crímenes cometidos en la década de los
ochenta" que "ofenden a toda la humanidad".

El 16 de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva
emprendida por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN, hoy partido de izquierda), fuerzas del
Ejército salvadoreño, actuando como Escuadrón de la Muerte,
irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y dieron muerte
a su rector, el jesuita español Ignacio Ellacuría.

Además, asesinaron a los sacerdotes de la misma nacionalidad
Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo
Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera
Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

La querella se apoya en el principio de justicia universal, que
permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet
por orden del juez español Baltasar Garzón.

En su querella, las dos organizaciones acusaban al ex presidente
Cristiani (1989-1994), comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
salvadoreñas en 1989, de ser "cómplice" por "encubrir" el crimen, y
a los catorce militares de ser "los responsables" del mismo.

Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce,
Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles
Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.

La demanda incluye también a los tenientes Carlos Camilo
Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara
Cerritos.

Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y
Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar
Mariano Amaya y José Alberto Sierra.

Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una
decena de militares, pero sólo dos de ellos, el coronel Guillermo
Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza, fueron a
prisión, aunque después quedaron en libertad tras la aprobación en
la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

Para comenzar su investigación, Velasco cita a declarar al ex
fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga; al juez
Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco, que
ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país
centroamericano contra militares acusados de la matanza.

Pide además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país
y solicita una comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses
para lograr que testifiquen dos nacionales de EEUU, el congresista
William McCollum y el mayor del Ejército de EEUU Erick Buckalnd.

El Salvador vivió una guerra civil entre 1980 y 1992 que, según
organismos humanitarios, causó más de 75.000 muertos, 8.000
desaparecidos y 12.000 inválidos, así como miles de desplazados.