El juicio por abusos a los derechos humanos
contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori entró el lunes en la
etapa de los alegatos finales con la intervención del fiscal supremo
José Peláez, que comenzó su argumentación sobre la autoría mediata
en el delito de homicidio calificado.

Cumplidos 13 meses de proceso penal, la sala presidida por el
vocal supremo César San Martín dio la palabra al fiscal para que
argumente su acusación por la muerte de 15 personas en la matanza de
Barrios Altos en 1991 y de otras diez en la universidad La Cantuta
en 1992, a manos del paramilitar grupo Colina.

Asimismo, Fujimori es acusado por los secuestros del periodista
Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer después del "autogolpe"
de 1992.

La fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Fujimori al
considerarlo "autor mediato", es decir, quien ideó y promovió la
comisión del delito, de las referidas muertes y secuestros, durante
su Gobierno (1990-2000), como parte de una aparente política
paralela de combate al terrorismo diseñada en forma conjunta con su
entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.

Peláez explicó que su argumentación le tomará cuatro sesiones,
hasta el 21 de enero, y que el lunes haría una introducción del caso, la
defensa de la persona humana y un resumen del conflicto interno como
consecuencia de la violencia terrorista en Perú entre 1980 y 2000.

En la segunda sesión, el miércoles, el fiscal abordará la
decisión del acusado, la teoría de la autoría mediata, los
presupuestos en su entonces Gobierno, la creación del aparato de
poder y la creación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que
fue dirigido en la sombra por Montesinos.

Para la tercera fecha, el 19 de enero, Peláez se dedicará al
grupo clandestino Colina, formado por agentes de inteligencia del
Ejército, y su actividad criminal, que no se limitó a las matanzas
referidas en el juicio, y el dominio del acusado sobre la
organización, las órdenes, las felicitaciones y los actos de
impunidad de la agrupación.

En la última sesión de la fiscalía, el 21 de enero, Peláez
expondrá sobre el golpe de Estado dado por Fujimori en 1992, los
secuestros derivados de esa acción, las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional
sobre los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, hablará sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR) para esclarecer ambas matanzas, las cuestiones
probatorias y la fundamentación final del ministerio público.

Tras el fiscal le tocará intervenir a los abogados de la parte
civil, después a la defensa de Fujimori y finalmente al propio
acusado.

En declaraciones al canal N, el abogado de la parte civil, Carlos
Rivera, afirmó que "la intensidad y la calidad del proceso judicial"
han permitido "demostrar, con suficiencia, que Fujimori ha mentido
de manera absoluta en el proceso judicial".

Rivera dijo que los testigos y documentos presentados en la
acusación han permitido desbaratar la línea de defensa del ex
mandatario, que consistió en "negar absolutamente todos los hechos".

En ese sentido, el abogado de las víctimas afirmó que el proceso
ha sido impecable, donde se ha podido garantizar los derechos de las
partes, y el flujo del proceso judicial ha permitido la
incorporación de los más diversos elementos de prueba.

"Es un proceso que ya constituye un precedente judicial para
nuestro país y para la región", afirmó Rivera.

El fiscal adjunto del caso, Avelino Guillén, recordó al diario La
República que durante el juicio concurrieron cerca de 80 testigos,
de los cuales 60 corroboraron las acusaciones, y además hubo 500
documentos y 20 vídeos y audios que respaldaron las mismas.

Aunque el testimonio de Montesinos no podrá ser tomado en cuenta,
pues fue anulado por la sala, la fiscalía sí resaltará los guiños,
que se dio con el acusado Fujimori en la sala, pues "revelan una
comunión de ideas e intereses", subrayó Guillén.

La fiscalía estimó que la sentencia se conocerá a fines de
febrero o inicios de marzo próximo.