La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entidad que supervisa el fallo de la Corte Constitucional que en 2005 obligó al Estado a restituir sus derechos a las víctimas, difundió las cifras durante la presentación de su informe correspondiente a enero-junio de 2008.

De acuerdo al gobierno, en Colombia hay 2,6 millones de desplazados, pero, según CODHES, "hay un subrregistro", es decir, personas que nunca han sido censadas, que puede alcanzar un 30 por ciento del total, lo que llevaría a contabilizar cerca de cuatro millones.

El presidente de CODHES, Marco Romero, explicó que "estas cifras muestran un incremento exponencial del desplazamiento", un fenómeno -dijo- que se viene produciendo de forma paulatina desde que llegó al poder el presidente Álvaro Uribe, con puntos máximos en los años 2002 y 2005.

"El conflicto armado continua en Colombia, el proceso de desmovilización paramilitar es parcial, los paramilitares siguen actuando como actores de la guerra y del narcotráfico, y las guerrillas siguen desarrollando un enfrentamiento con el Estado y con los paramilitares".

El presidente de CODHES expresó que quienes "se oponen a estos dominios son eliminados con asesinatos selectivos, pero masivos, y la respuesta del Estado es más brigadas, más militares".

También explicó que en Colombia se registran altos índices de reclutamiento forzado, por el propio Estado, porque el servicio militar es obligatorio, y por los grupos armados ilegales.

En su presentación, el director ejecutivo de CODHES, Jorge Rojas, indicó que "la tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes" y el promedio diario entre enero y junio pasado fue de 1.503 personas.

Los casos más numerosos se registraron en el departamento de Antioquia (noroeste), con un total de 38.638 desplazados y un incremento del 105 por ciento; Bogotá (centro), con 39.950 casos y un aumento del 74 por ciento, y Meta (centro), con 17.892 personas, un 133 por ciento más.

En ese periodo se registraron 66 desplazamientos masivos que afectaron a 33.251 personas, un 12 por ciento del total de la población desplazada.

Las causas del desplazamiento se encuentran en el rearme paramilitar, pese al acuerdo de desmovilización alcanzado con las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

Esto ha quedado demostrado, según CODHES, en la irrupción de nuevos grupos "que el Gobierno intenta presentar como bandas criminales o emergentes dedicadas exclusivamente al narcotráfico".

También obedece a la actuación de las guerrillas, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que si bien se han visto debilitadas por sucesivos golpes militares y la muerte de sus principales dirigentes, mantienen "sus territorios minados, extorsionan y amenazan a la población", agrega el informe.