El presidente boliviano, Evo Morales, y sus opositores autonomistas iniciarán finalmente un proceso de "diálogo nacional" para tratar de superar la crisis política de Bolivia, agravada en las últimas semanas por una ola de conflictos y violencia en varias regiones del país.

Aunque la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, hizo temer hoy un nuevo recrudecimiento de la tensión en Bolivia, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, -uno de los más duros opositores a Morales- firmó junto a su colega tarijeño Mario Cossío el preacuerdo que sienta las bases para abrir la negociación.

No obstante, queda por saber si los prefectos de Beni, Ernesto Suárez, y Chuquisaca, Savina Cuéllar, se adhieren también a esta decisión.

Si es así, el diálogo político en Bolivia comenzará en Cochabamba el jueves, abordará todos los temas que han enfrentado al Gobierno y oposición y tendrá como "facilitadores" a la Iglesia Católica, países europeos y varios organismos internacionales americanos.

La disposición de ambas partes para negociar llega después de semanas de protestas contra el Gobierno y una ola de violencia que se ha cobrado al menos 15 muertos y más de 100 desaparecidos en la región norteña de Pando, que continúa en estado de sitio y custodiada por los militares.

Antes de firmar el preacuerdo, el prefecto cruceño expresó su solidaridad con su colega de Pando ante la "represión gubernamental" ejercida contra él, dijo que ha sido detenido "sin el debido proceso" y confinado "en una guarnición militar" y exigió que se respeten "su vida y sus derechos".

Tras pedir tranquilidad y serenidad al pueblo cruceño ante las provocaciones de los oficialistas, Costas acusó al Gobierno de Morales de atentar contra la democracia y le responsabilizó de los enfrentamientos que puedan producirse.

Pese a ello, apostó por el diálogo "franco y leal" como único camino posible para la pacificación de Bolivia.

El Gobierno de Bolivia, por su parte, saludó la decisión de los gobernadores opositores y confió en que se abra un proceso para devolver la tranquilidad al país, según el ministro del área de interior, Alfredo Rada.

No obstante, destacó que se ha producido una "fuerte derrota" de quienes han "conjurado" contra la democracia en el país.

El documento para abrir el "diálogo nacional" fija las bases, agenda y metodología de la negociación.

Se concretó tras 25 horas de trabajo entre una delegación gubernamental encabezada por el vicepresidente del Gobierno, Álvaro García Linera, y otra de los prefectos opositores, que han delegado en el tarijeño Mario Cossío.

Las bases para que Gobierno y opositores se sienten finalmente en una misma mesa se refieren a las autonomías, las ingresos procedentes de los impuestos petroleros y la entrega de las instituciones estatales ocupadas por los opositores en varias regiones.

Sobre las autonomías, el Gobierno garantiza su respeto a la autonomía departamental de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, regiones que han impulsado al margen del Gobierno central y del Congreso Nacional un proceso de autogobierno con la aprobación este año de sendos estatutos de autonomía.

El Ejecutivo también hace concesiones en cuanto a su nueva Constitución y acepta suspender al menos un mes la aprobación de la ley para convocar el referendo necesario para ratificarla.

En cuanto a las rentas petroleras, el Gobierno reconoce el derecho de los departamentos a percibir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Precisamente, el recorte de las rentas petroleras a las regiones para pagar una ayuda directa a los ancianos (la llamada Renta Dignidad) fue el detonante que agudizó desde principios de año el conflicto entre Morales y sus opositores autonomistas.

Por la parte autonomista, los opositores acceden a levantar las medidas de presión organizadas en las últimas semanas contra el Gobierno.

Así acceden al "repliegue inmediato de las oficinas públicas e instalaciones petroleras ocupadas a raíz del conflicto por personas ajenas a las mismas" y a la suspensión de los cortes de carreteras que han mantenido paralizado a medio país.

El texto recoge también el compromiso de alcanzar un pacto institucional que permita ocupar las vacantes que impiden la normal actividad de organismos como el Tribunal Constitucional o la Corte Nacional Electoral.