El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó apartar provisionalmente a toda la cúpula de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), mientras se investigan las interceptaciones ilegales realizadas a autoridades, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio Público y la Policía Federal estarán a cargo de las investigaciones para averiguar quiénes son los responsables del espionaje a miembros del gobierno, el parlamento y el presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, según denunció la revista Veja en un reportaje publicado el fin de semana.

En la lista de teléfonos pinchados se incluía el del jefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, la ministra de Presidencia, Dilma Rousseff, y el ministro de Relaciones Institucionales, José Múcio Monteiro, según la publicación.

La decisión de Lula estuvo precedida de varias horas de discusiones entre el mandatario, el presidente del Supremo y varios senadores, que le pidieron que tomase medidas "duras", en palabras del senador Demóstenes Torres, que se dirigió a periodistas antes del comienzo de su audiencia con el presidente.

El escándalo de las escuchas al Congreso se conoce desde hace meses y es investigada por una comisión parlamentaria. No obstante, ganó nuevas dimensiones tras la publicación del reportaje y al conocerse que alcanzó al gobierno, a la Suprema Corte y que la ABIN estaba por detrás.

Veja afirmó que la información publicada en su última edición fue entregada por un espía de la ALBIN que pidió mantener su anonimato.

Entre otros documentos, la revista presentó la transcripción de una conversación telefónica entre Mendes y el senador Demóstenes Torres, quienes admitieron su veracidad.

Esa comisión parlamentaria anunció hoy que pretende convocar a los directivos de la Abin para que expliquen las escuchas.

El presidente de la Cámara del Senado, Garibaldi Alves, miembro del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dijo que también se reunirá con Mendes y que no descarta pedir la destitución del director de la ABIN, Paulo Lacerda.

"Los tres poderes del Estado deben actuar en forma articulada" frente a las escuchas, sostuvo Alves, quien consideró el espionaje telefónico "una práctica absolutamente ajena a la democracia".