El presidente de México, Felipe Calderón, los gobernadores de 32 estados del país, el Congreso, el poder judicial y representantes sociales aprobaron por unanimidad en una inédita reunión un acuerdo nacional de 75 compromisos para combatir la delincuencia organizada

El "Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad" incluye compromisos como la depuración de las policías y los órganos de justicia, la creación de penales de alta seguridad, el seguimiento del gasto en materia de seguridad, el registro de teléfonos celulares y la promoción de la cultura de la legalidad.

El encuentro de tres horas de las autoridades, realizado en el Palacio Nacional, reunió por primera vez en la historia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado en 1995, a todos lo integrantes de este órgano, convocados por la indignación social ante la ola de violencia que azota al país.

En lo que va de este año, de acuerdo a reportes extraoficiales, el crimen organizado se ha cobrado la vida de 2.774 personas, 74 más de las reportadas en todo 2007

El gobernante mexicano admitió que la delincuencia y el crimen organizado han crecido gracias a los años de indolencia y corrupción de diversas autoridades

"Un cáncer que fue ignorado por muchos años pero que ahora amenaza el bienestar de las familias y desafía de convivencia pacífica de los mexicanos", subrayó el mandatario.

El detonador de esta reunión fue el secuestro y muerte del adolescente Fernando Martí, cuyo cuerpo abandonado en la capital mexicana fue hallado a finales de julio pasado.

El empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado, participó en esta reunión del Consejo donde pidió que las autoridades se comprometan a cumplir este pacto.

Agregó que si las autoridades creen que no van a cumplir el pacto deben renunciar, pues "no deben seguir percibiendo un sueldo sin hacer nada, eso también es corrupción", dijo.

El alcalde de la capital mexicana, el izquierdista Marcelo Ebrard, aceptó públicamente el reto lanzado por Martí.

Los setenta y cinco puntos acordados comprometen a todos los órganos de gobiernos desde el Ejecutivo federal hasta los alcaldes, al poder judicial, al Congreso, a las empresas, a los medios de comunicación y los organizaciones civiles y religiosas.

En ellos se establecen plazos de ejecución que van de un par de meses a tres años.

Los puntos más destacados son la depuración de policías e instituciones de justicia, la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza.

Además, la creación de unidades estatales de combate al secuestro, fortalecimiento de la estrategia contra el lavado de dinero y de las redes de atención a víctimas de delitos del crimen organizado así como a los centros de atención a personas con adicciones.

También la creación de una base de datos de telefonía celular y fija, refuerzo del sistema de denuncia contra la corrupción.

Además, la ampliación de la infraestructura tecnológica para mejorar la comunicación entre instituciones que combaten al crimen organizado, y promoción de campañas de fomento de la cultura de la legalidad.

El pacto incluye el fortalecimiento de espacios públicos, en particular el rescate de mil terrenos abandonados en zonas de las urbes con mayor índice delictivo.

También se propone un Observatorio ciudadano plural que vigile los compromisos de las autoridades, reglamentar que se impida la liberación anticipada a delincuentes que hayan cometido secuestro.

El poder judicial se comprometió a crear nuevos juzgados y tribunales federales, agilizar los procesos penales y acelerar las peticiones de las autoridades para que los jueces otorguen órdenes de cateo y detención preventiva.

En el Consejo se reconoció que la sociedad mexicana se siente agraviada por la impunidad, corrupción y el ambiente de inseguridad, así como que la delincuencia se ha infiltrado en Policías y órganos de seguridad.

Afuera de Palacio Nacional se concentraron unos 300 jóvenes encabezados por el portavoz del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gerardo Fernández, quienes protestaron contra Calderón, a quien consideran un gobernante ilegítimo, y se enfrentaron con agentes policiales que resguardaron la reunión.