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Inmigrantes detenidos denuncian abusos

Estudio muestra que el endurecimiento de las leyes migratorias ha producido un descenso en los inmigrantes indocumentados en el país, mientras que legisladores…

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Sin nada que perder, los inmigrantes indocumentados detenidos en la redada a una empacadora de carne en Iowa comenzaron a contar historias de abuso a investigadores federales.

El periódico The New York Times informó esta semana que la empresa Agriprocessors, que se dedica a la producción de carne estilo Kosher para el mercado judío, está sujeta a investigaciones por maltrato, contratación de menores y remuneración por debajo de lo que fija la ley.

Los inmigrantes detenidos que enfrentan cárcel y deportación, y que en su mayoría son de origen guatemalteco, describieron situaciones en las que eran golpeados, insultados y obligados a trabajar largas horas sin descanso, según reportó el diario.

Aunque la empresa dijo haber tomado medidas para cambiar sus prácticas laborales y de contratación, las investigaciones a nivel estatal y federal continúan.

Congresistas latinos condenan abusos   a detenidos en redada Postville

Miembros del Caucus Hispano del Congreso denunciaron los abusos que sufrieron los cientos de inmigrantes detenidos en la redada en la planta empaquetadora de Postville, en Iowa

Un total de 390 indocumentados fueron arrestados el pasado mes de mayo en la empresa Agriprocessors Inc en la redada más grande efectuada por las autoridades migratorias en una sola empresa del país.

El congresista Luis Gutiérrez (D-Illinois) señaló hoy en rueda de prensa que estas acciones demuestran que “la administración no está actuando ni de manera legal ni dando una buena bienvenida”.

Con estas palabras, Gutiérrez hizo referencia a un discurso del presidente George W. Bush, en el cual decía que “América podía ser una sociedad que respetara las leyes y a su vez recibiera con buenos ojos a los inmigrantes”.

Según Gutiérrez, “estas medidas no tienen nada que ver con la reforma comprensiva que el presidente Bush prometió, por lo que hoy le pido que recuerde su compromiso con la justicia e imponga una moratoria a las redadas”.

El Caucus Hispano subrayó que todavía no se han levantado cargos a los empleadores de esta planta de Postville, acusados de exceder las horas de trabajo, utilizar fuerza laboral infantil y abusar físicamente y sexualmente de los indocumentados.

Menéndez: las detenciones migratorias no deben ser sentencias de muerte

Una detención migratoria puede convertirse en una condena de muerte, dijo el senador Robert Menédez luego de su visita al centro de detención de Elizabeth (NJ).

“Es alarmante que cuando hablamos en privado con tres detenidos, nos enteramos de que dos de ellos no están recibiendo cuidado por condiciones que no amenazan a la vida pero que podrían hacerlo si no se atienden”, dijo.

Menéndez indicó que a pesar de que se aprecia el esfuerzo y los retos que ICE enfrenta en el trato a los inmigrantes, el organismo debe haber responsabilidad.

“Creo que sin un estándar nacional existe la posibilidad de que una detención se convierta en una sentencia de muerte”, dijo.

“El cuidado médico adecuado para los inmigrantes detenidos, especialmente en una situación de emergencia, es una cuestión de derechos humanos”, dijo.

Indicó que para que Estados Unidos sea un líder en la procuración de los derechos humanos, se debe hacer todo lo posible por brindar la asistencia médica necesaria, incluso a los detenidos.

Triunfo electoral latino en Nueva Jersey… y en español

La comunidad puertorriqueña y latina en general en el condado de Salem y su localidad de Penns Grove celebran un triunfo judicial, luego de que se reconociera su derecho a recibir ayuda en español durante los procesos electorales.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EEUU indicó que logró un acuerdo con la Junta Electoral de Salem, que administra las elecciones en todo el condado, y el municipio de Penns Grove, como resultado de una investigación que hizo motivada por quejas de puertorriqueños, y otros latinos, educados en español en su país, quienes alegaron se violaban sus derechos electorales.

El acuerdo requiere que los acusados desarrollen e implanten un plan que provea a los electores hispanohablantes la oportunidad de participar plenamente en el proceso político consistente con la Ley de Derechos Electorales, que incluye boletas en español, información electoral en este idioma y personal bilingüe el día de elecciones._

La demanda, presentada por el Departamento de Justicia basada en violación a la Ley de Derechos Electorales, alega que los hispanos en el condado de Salem han sufrido y continúan sufriendo discriminación y perjuicios en asuntos electorales.

De acuerdo con la demanda, los puertorriqueños —que son la mayoría entre el grupo de latinos— han sufrido violaciones a sus derechos electorales al no haberse traducido las papeletas al español en ninguna de las elecciones, lo que ha impedido a muchos ejercer completamente su derecho al voto._

Protestan con oraciones ley para la revisión del estatus inmigratorio

Líderes religiosos expresaron con oraciones su rechazo a la implementación del programa federal 287 (g), que exige informar a las autoridades sobre el estatus migratorio de los presos en las cárceles.

De este modo, miembros de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Lideres Cristianos (CONLAMIC) se presentaron frente a la sede capitalina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para condenar esta ley, que está en vigor en 57 condados o ciudades, entre ellos, el estado de Virginia desde el pasado 1 de julio.

En representación de la organización, el reverendo Miguel Rivera señaló que con esta convocatoria de oración se quiere protestar “por los abusos perpetrados por policías y alguaciles, facultados bajo las directrices federales para actuar como agentes de inmigración 287-g”.

La CONLAMIC también hizo llegar una carta a la subsecretaria de ICE, Julie L. Myers, para que se revisen los casos en que el programa 287 (g) vulnera los derechos humanos de los detenidos.

Rivera recordó el caso de Juana Villegas, una joven mexicana embarazada de nueve meses, que fue detenida en Nashville (Tennessee) por conducir sin licencia y confinada en prisión por su estatus legal en el país.

Según CONLAMIC, la joven indocumentada fue privada de varios derechos, entre ellos, ver a su bebé, hablar con su esposo o acceder al dispositivo que permite extraer la leche maternal de sus senos, lo que le provocó una infección en sus glándulas mamarias.

Acuerdo entre EEUU y prisiones de Puerto Rico acelera deportaciones

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU en San Juan y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico firmaron hoy un acuerdo para agilizar la deportación de extranjeros presos en el país caribeño.

El convenio tiene como objetivo identificar y realizar los trámites para la deportación de los extranjeros presos en Puerto Rico por crímenes no violentos antes de que cumplan la totalidad de sus condenas.

El portavoz del ICE en San Juan, Iván Ortiz, explicó a Efe que actualmente hay 117 extranjeros presos en Puerto Rico, de los cuales 100 cumplen los requisitos para acogerse a la medida.

Con el acuerdo y la liberación temprana de estos presos para ser deportados, el Gobierno de Puerto Rico ahorrará unos 4 millones de dólares este año. Se calcula que anualmente entre 50 y 60 presos podrían calificar, lo que supondría 2,5 millones de dólares de ahorro anual.

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU para el ICE, Julie Myers, insistió en un comunicado que el acuerdo, además de agilizar la deportación de criminales no violentos supondrá “un ahorro de millones de dólares cada año”.

Desciende 11 por ciento el número de inmigrantes ilegales en el país

El número de indocumentados en EEUU ha caído en un 11 por ciento en los últimos meses, debido entre otras causas al fortalecimiento de las medidas anti-inmigratorias, según un estudio del Centro para Estudios de la Inmigración.

La caída, dice el informe—elaborado por esta organización con datos de la oficina del Censo—es más evidente en los jóvenes hispanos con menos formación.

Según estos datos, la población inmigrante que reside en EEUU de manera ilegal ha caído un 11 por ciento desde agosto del 2007, en que marcó un máximo, hasta mayo del 2008.

En cifras absolutas, habría caído en 1,3 millones de personas, desde 12,56 millones el pasado verano, hasta los 11,2 millones en mayo.

En cuanto a la población menos educada, el descenso desde agosto habría sido del 10 por ciento, o 830.000 personas.

Se da la circunstancia de que la cifra de descenso es siete veces superior a la de las deportaciones ocurridas en los últimos diez meses, lo que sugiere que la mayor parte de los “sin papeles” abandonaron EEUU voluntariamente.

El centro de estudios, con sede en Washington y de ideología conservadora, saca la conclusión de que el fortalecimiento de las medidas anti-inmigrantes han sido las responsables del descenso, con el argumento de que sólo se ha visto reducida la población ilegal, no la que trabaja en el país con los documentos en regla.

Más negocios se inscriben en programa “E-verify” en Arizona

Más de 26.000 negocios en Arizona se encuentran inscritos hasta el momento en el programa federal de verificación de empleo “E-verify”, después que una ley estatal convirtió su uso en requisito para todos los negocios.

“De acuerdo a nuestras más recientes estadísticas, un total de 26.224 negocios en Arizona se han inscrito al programa”, dijo Marie Sebrechts, vocera del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en Arizona.

Esta cifra representa un incremento de más de 1.000 empleadores registrados desde el pasado mes de junio cuando se reportaron un poco más de 25.000 nuevas entradas.

Arizona ocupa el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de negocios registrados en el programa “E-verify” debido en gran parte a la implementación el pasado 1 de enero de una ley estatal que obliga a los dueños de negocios a verificar el estatus migratorio de sus nuevos empleados.

California y Georgia ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, con más de 5.000 y 3.000 empleadores registrados.

Bajo la ley de Sanciones de Empleadores de Arizona, aquellos negocios que sean sorprendidos contratando inmigrantes indocumentados podrían perder su licencia de operaciones hasta por 10 días, en caso de reincidir, el permiso podría ser retirado permanentemente.

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