La Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto destinado a apuntalar al mercado hipotecario agobiado por una de las peores crisis de los últimos 50 años.

La aprobación por 272 votos a favor y 152 en contra se concretó después que el presidente de EEUU, George W. Bush, anunciara que había retirado su amenaza de veto.

Fuentes legislativas dijeron que el proyecto será aprobado por el Senado a fines de esta semana o comienzos de la próxima y será enviada de inmediato a la Casa Blanca para su promulgación.

“No creemos que tengamos tiempo para librar un conflicto prolongado por un veto”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Dana Perino, tras hacer hincapié en la urgencia de resolver la crisis hipotecaria.

Poco antes, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, había afirmado que el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para aprobar el proyecto ayudará a que la economía del país “cambie de rumbo”.

Bush había objetado algunas estipulaciones del proyecto que incluye un respaldo explícito del Gobierno a las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac que tienen en sus manos casi la mitad de la deuda hipotecaria del país de unos 12 billones de dólares.

“Este es un mensaje muy firme que enviamos a los inversionistas en Estados Unidos y en todo el mundo, en el sentido de que comprendemos la importancia de estas empresas para nuestros mercados de capitales y de vivienda”, dijo Paulson.

“Estas medidas son clave para ayudarnos a que cambie el rumbo y se encamine la corrección en el mercado hipotecario”, añadió.

El funcionario explicó que la Reserva Federal mantendrá su “papel de consulta” junto con una nueva oficina de regulación que establecerá normas de capitales para Fannie Mae y Freddie Mac.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una agencia no partidista que elabora análisis e informes para los legisladores, calculó que este socorro del Gobierno a las empresas hipotecarias tendrá un costo de por lo menos 25.000 millones de dólares.

La objeción de Bush se refería a una propuesta de los demócratas que asigna hasta 3.900 millones de dólares en ayuda del Gobierno federal para los propietarios que encaran la ejecución hipotecaria en los vecindarios más vapuleados por la crisis de la vivienda.