El arresto en San Juan de seis policías municipales acusados de matar a golpes a un ciudadano en el  2003 y que podrían enfrentar la pena de muerte avivó el debate sobre el máximo castigo en Puerto Rico.

El gobernador del país caribeño, Aníbal Acevedo Vilá, pidió—tras conocer la posibilidad de que la fiscalía federal pudiera solicitar la pena de muerte para los acusados—que se respete la "idiosincrasia" puertorriqueña, históricamente contraria a que se aplique ese castigo.


"Aquí creemos en el castigo seguro al criminal, pero no creemos en la pena de muerte", sostuvo el gobernador.

Los padres del fallecido, José Antonio Rivera Robles, también declararon en diferentes medios que no estaban de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte a los culpables de la muerte de su hijo.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció la semana pasada el arresto de Eliezer Rivera, Juan Morales, José Pacheco, Carlos Pagán, Elías Periocer y Aaron Vidal, por violar los derechos de Rivera Robles hasta el punto de acabar con su vida a golpes, y señaló que la fiscalía podía solicitar el máximo castigo.

Según la Policía municipal de San Juan, el 20 de julio del 2003 dos agentes acudieron a atender a Rivera Robles, de 34 años, cuando éste gritaba en la calle que lo iban a matar, pero rechazó la ayuda de los uniformados, con los que se enfrentó en un forcejeo y acabó huyendo tras apropiarse de una patrulla policial.

Cuando los policías encontraron a Rivera Robles poco después en una gasolinera, supuestamente lo golpearon y poco después de llegar al cuartel murió.

La Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico reiteró hoy que "se opone tenazmente" a que los "acusados por cargos relacionados con la muerte de un ciudadano hace cinco años durante una intervención sean considerados para la pena de muerte".


El presidente de la CDC, José Irizarry, defendió que "en ningún caso" se justifica la aplicación de la pena de muerte, que es "algo aberrante" viniendo del Estado, que debería "velar por el bienestar de todos los ciudadanos".


"Asimismo, condenamos la brutalidad policíaca, sin embargo, los miembros de este cuerpo que la hayan cometido, bajo ninguna circunstancia deben ser castigados con la aplicación de la pena capital", añadió.



Para Irizarry, la pena de muerte es "la forma más extrema de negación de todos los derechos humanos" y dijo que confía en que "algún día, el castigo de la pena capital forme parte de la historia".

En enero de este año, el Departamento de Justicia de Puerto Rico aseguró que hará "todo lo que esté a su alcance" para que EEUU no imponga la pena de muerte en la isla caribeña ni contra ningún puertorriqueño en otros estados.

El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, anunció la aplicación de una serie de medidas recomendadas por la Comisión Contra la Pena de Muerte de Puerto Rico para disuadir a la Justicia federal de aplicar la pena de muerte en el Estado Libre Asociado (ELA).



Puerto Rico prohíbe la pena de muerte en su Constitución de 1952 como ELA, estatus político que limita la autonomía del país en algunos asuntos como defensa e inmigración, y los tribunales estatales están subordinados en última instancia a los federales.

Aunque "no hay nada formalizado", explicó Sánchez Ramos, es en los casos de robo de vehículos a mano armada en los que alguien pierde la vida cuando la fiscalía federal solicita la pena de muerte para el acusado.

En estos casos, la fiscalía federal solicita a la estatal que se inhiba de procesarlos para que se vea el caso en el tribunal federal y se pueda pedir así la pena de muerte.

Para evitarlo, el Departamento de Justicia local ordenó a todos sus fiscales que no desistan de procesar estos casos en los foros locales salvo que la fiscalía federal garantice que no va a solicitar la pena de muerte.

Por otro lado, la Justicia de Puerto Rico realizará "todas las gestiones que entienda idóneas para evitar" que en otras jurisdicciones de EEUU se solicite o se aplique la pena de muerte para cualquier puertorriqueño.

Del mismo modo, tratará de evitar la extradición de puertorriqueños a otros estados de EEUU en los que se les vaya a pedir la pena capital.

Uno de los últimos casos en Puerto Rico en el que la fiscalía federal pedía la pena de muerte fue contra Carlos Ayala López, que el 27 de octubre de 2006 fue sentenciado a prisión de por vida por el asesinato de un agente federal.


El último puertorriqueño ejecutado, en Florida, fue Ángel Nieves Díaz, el 13 de diciembre de 2006.