Dos supuestos supervisores en la planta de Agriprocessors Inc., en Postville, Iowa, fueron detenidos hoy por varias acusaciones penales de inmigración e identificación falsa.  El abogado estadounidense Matt M. Dummermuth, del distrito norte de Iowa, hizo el anuncio; la Oficina de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) está realizando la investigación.  Juan Carlos Guerrero-Espinoza de 35 años de edad, y Martin De La Rosa-Loera, de 43, fueron detenidos esta mañana en la planta de Agriprocessors Inc.  Tanto Guerrero-Espinoza como De La Rosa-Loera fueron acusados de complicidad en la posesión y uso de documentos de identificación falsa, y de instar a los extranjeros a residir ilegalmente en los Estados Unidos.  Guerrero-Espinoza también fue acusado de complicidad en la usurpación de identidad agravada.

La querella de Guerrero-Espinoza afirma que él es un supervisor de cuatro departamentos en Agriprocessors en Postville, incluyendo el departamento de matanza de res.  La querella afirma que unos días antes de la aplicación de la orden de cateo de fecha 12 de mayo de 2008, en Agriprocessors, Guerrero-Espinoza le dijo a un grupo de trabajadores que necesitaban nuevos documentos de identificación y números de seguro social para seguir trabajando para la empresa, y que necesitarían entregarle a Guerrero-Espinoza una fotografía y entre 200 y 220 dólares.  Los trabajadores de Agriprocessors supuestamente recibieron tarjetas de residente extranjero falsas.  La querella también aduce que el cateo del 12 de mayor resultó en la captura de docenas de tarjetas de residentes extranjero permanente falsas obtenidas en las oficinas del departamento de Recursos Humanos de Agriprocessors.

La querella de De La Rosa-Loera afirma que él es un supervisor de cuatro departamentos en Agriprocessors en Postville, incluyendo el de la matanza de aves de corral.  La querella afirma que, aproximadamente 15 días antes de que se aplicara la orden de cateo del 12 de mayo de 2008 en Agriprocessors, De La Rosa-Loera les dijo a algunos empleados extranjeros indocumentados que ya no podían trabajar en Agriprocessors porque sus números de seguro social eran incorrectos, y que necesitaban nuevos documentos.  De La Rosa-Loera luego afirmó que les dijo a los empleados que podían volver a trabajar usando los mismos nombres que usaron anteriormente en el trabajo.

Bajo la ley, estos supervisores son y deben considerarse inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad. Sin embargo, este comunicado de prensa nos recuerda dos cosas: primero que la ICE está haciendo su trabajo –siguiendo su mandato de las oficinas centrales de ir tras los empleadores y sus gerentes/supervisores que asisten en permitir que las empresas contraten a personas individuales que no tienen permiso para trabajar en los EE.UU., y segundo, que los problemas respecto a cómo nos tratamos unos a otros existen en nuestra misma comunidad.  Si estas acusaciones son realmente ciertas y los supervisores que hablan español, en quienes los trabajadores y sus comunidades confiaban, pudieron chantajear descorazonadamente a los trabajadores que estaban desesperados por conservar su empleo y lograr que pagaran el dinero del soborno para seguir trabajando, hay un gran trabajo de limpieza que hacer en nuestro propio patio.