La Unión  Estadounidense de las Libertades Civiles (ACLU), entabló una demanda  el pasado  25 de junio en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por rehusar mostrar miles de documentos públicos que detallan la muerte de inmigrantes en centros de detención.

La demanda  se encuentra en proceso en la corte del Distrito de Columbia.

“Sabemos que el cuidado médico en los centros de detención es inadecuado y causa sufrimiento innecesario y muerte”, dijo Elizabeth Alexander directora del proyecto nacional de Prísiones de ACLU.

Una solicitud de acceso de información ya había sido solicitada al DHS desde el año pasado. En dicha acta se habían solicitado cifras o documentos que monitorearan las muertes de indocumentados que son normalmente detenidos en cárceles del condado junto a convictos criminales.

ACLU informó que reportes de la oficina del Inspector General (OIG) contienen sólo datos vagos y esporádicos sobre estas muertes, proporcionan poca información para investigaciones relevantes.

“A menos de que ICE exhiba transparencia en la información que estamos solicitando, no nos resta más que pensar, que están ocultando algo”, cuestionó Alexander.

Culpan a 26 miembros de banda “MS-13”

Un jurado de Carolina del Norte imputó a 26 miembros de la banda callejera con raíces latinas “Mara Salvatrucha”, conocida como la “MS-13”, por varios delitos cometidos en Estados Unidos. y en El Salvador entre 2003 y junio de 2008.

El Departamento de Justicia informó  que los detenidos  enfrentan  cargos de crimen organizado, cuatro asesinatos, narcotráfico, posesión ilegal de armas, extorsión, intimidación de testigos y obstrucción a la justicia, entre otros.

La acusación especificó que los cuatro asesinatos cometidos por la banda callejera ocurrieron en las localidades de Greensboro y Charlotte, ambas en el estado de Carolina del Norte.

La mayoría de los detenidos se encontraba de forma ilegal en Estados Unidos y dos de ellos habían regresado al país tras ser deportados.

Los 26 imputados se enfrentan por cada delito presuntamente cometido a penas que oscilan entre los diez años de cárcel hasta la cadena perpetua.

Rechazan en Arizona decisión sobre muro fronterizo

Como una “mala decisión” calificó hoy el congresista Raúl Grijalva (D-Arizona) el fallo del Tribunal Supremo de EEUU que desestimó la demanda de grupos ambientalistas para frenar la construcción del muro fronterizo. ”Obviamente no estamos conformes con esta decisión, es algo que esperábamos, pero es lamentable que el Supremo apoye una iniciativa que no respeta los derechos de propietarios y el medio ambiente”, dijo Grijalva. El tribunal se rehusó ayer a escuchar la querella interpuesta por Defenders of Wildlife y el Sierra Club, que cuestionaban la validez de una ley federal aprobada en 2005 que otorgó al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, el poder de ignorar leyes ambientales para construir cercos, barreras y un triple muro en varios sectores de la frontera con México. La demanda se refería al caso específico de Arizona, donde Chertoff emitió una dispensa el pasado mes de octubre para continuar con la construcción del muro en dos millas de largo.

Gerentes de auto lavado de PA se declaran culpables de contratar inmigrantes

Cuatro gerentes del auto lavado Car Care fueron acusados de cargos de conspiración de fraude al gobierno, ocultar inmígrantes indocumentados y robo de identidad, ante un Gran Jurado en la Corte de Distrito Federal de Estados Unidos para el Distrito este en Filadelfia.

La Fiscalía de ese distrito informó que Car Care Inc., una compañía de lavado de autos de Horsham, (PA), y los gerentes venían contratando desde hace más de ocho años  indocumentados. Se les proporcionaban identificaciones de ex empleados y una manera de cambiar sus cheques de pago sin la necesidad de mostrar identificación en bancos locales.

Los cuatro gerentes inculpados son Nicholas Sama, de 50 años, William Spencer, de 44, Timothy Gibson y Lee Gordon, ambos de 36 años de edad.
Según la asistente del Fiscal de  Estados Unidos Judy Smith, Car Care mantenía cuentas bancarias en reconocidas instituciones con sucursales cercanas a los auto lavados, y recibían listas de los trabajadores que podían canjear sus cheques.

La Fiscal aseguró que las sucursales no eran parte de la operación aunque por razones de protocolo no pudo precisar sí existe una investigación pendiente en contra de los bancos los cuales tampoco identifió.

“Los indocumentados que fueron puestos bajo la custodia del ICE no serán utilizados como testigos y serán deportados a su lugar de origen”, señaló Smith, quien agregó que la investigación en contra de Car Care se dio gracias a un ex empleado que trabajaba para esa compañía y los acusó.