El Gobierno de George W. Bush acelera los juicios contra los sospechosos del 11-S para forzar a su sucesor a aceptar los tribunales de Guantánamo, según los expertos, mientras que la defensa hará todo lo posible para ralentizar los procesos.

"La administración intenta avanzar lo máximo posible de forma que sus procedimientos sean irrevocables", opinó Eugene Fidell, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar en Washington.

La Constitución de Estados Unidos prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo crimen, lo que, a su juicio, impediría al Gobierno que se instale en enero en la Casa Blanca suspender los procesos en los tribunales especiales de Guantánamo y abrirlos en la justicia militar o civil ordinaria.

El punto de "no retorno", a juicio de Fidell, sería el momento en el que se presente la evidencia contra los detenidos.
No todos los observadores comparten la opinión de Fidell sobre esa restricción, pero en general ven el proceso iniciado ayer en Guantánamo contra los sospechosos por los ataques del 11 de septiembre de 2001 como una manera de forzar la mano de la próxima administración.

"Quieren convertirlo en algo hecho y dificultar que se puedan transferir los casos", afirmó Joanne Mariner, directora del departamento de terrorismo de Human Rights Watch, quien asistió esta semana en Guantánamo a la vista contra los cinco presuntos miembros de Al Qaeda.

En ella, el juez Ralph Kohlmann, un coronel de los Marines, marcó el 18 de septiembre como fecha máxima para el inicio del juicio, aunque se dijo abierto a considerar las peticiones "razonables" de aplazarlo que pueda presentar la defensa.

No obstante, Kohlmann negó solicitudes de los abogados de retrasar la vista, dado que a algunos de ellos el Pentágono no les había dado autorización aún de reunirse con sus clientes.

"Es algo extraordinario tener un proceso tan rápido", dijo a Efe la comandante Suzanne Lachelier, defensora militar de Ramzi Binalshibh, uno de los acusados.

"Se trata de un intento por parte de la administración de (George W.) Bush de justificar Guantánamo y los problemas graves en el proceso de detención", se quejó, por su parte, Thomas Durkin, el abogado civil de Binalshibh.

El candidato republicano a la presidencia, John McCain, propone continuar con los tribunales antiterroristas, aunque no en Guantánamo, sino en la base militar de Fort Leavenworth (Kansas).


Su rival demócrata, Barack Obama, ha propuesto juzgar a los detenidos en cortes marciales o tribunales federales.
En octubre pasado, el entonces fiscal jefe de los tribunales de Guantánamo, Morris Davis, denunció presiones para pisar el acelerador en los casos más llamativos de cara a las elecciones de noviembre de este año y dimitió.

El Departamento de Estado ha negado motivos políticos para el enjuiciamiento ahora de Jalid Sheij Mohamed, el presunto cerebro del 11-S, y sus supuestos colaboradores, pero abundan los escépticos.

"Creo que sí están apresando los juicios", opinó Gary Solis, un ex fiscal de los marines, para quien la política "es el motivo por el cual están empujando los casos en este momento, pero no hace falta ser un genio legal para ver que no va a funcionar".

No obstante, mucho depende de si el magistrado permitirá a Binalshibh y Mustafa al-Hawsawi, otro de los imputados, despedir a sus abogados, como hicieron ayer los otros tres acusados.


Sin abogados que les representen y que objeten a las normas que les perjudican, el proceso podría volar, dijo temer Lachelier.



Bush creó esas cortes especiales en 2001, poco después de los atentados de septiembre de ese año, pero en ellas nunca ha tenido lugar ningún juicio.



El Pentágono no había mostrado hasta ahora gran prisa en enjuiciar, ni siquiera a Mohamed, quien lleva cinco años en manos de Estados Unidos, pero desde finales del año pasado la actitud ha cambiado y los fiscales han presentado cargos contra ocho detenidos.



En los próximos meses el Pentágono aumentará en más de 100 miembros el personal asignado a la Fiscalía y la defensa, según el general Thomas Hartmann, el asesor legal de los tribunales.



Se verán las caras en un tribunal que ha costado 12 millones de dólares y que hasta ahora sólo se ha usado dos días. El Gobierno de Bush quiere asegurarse de que el gasto no sea en balde.