Después de más de 80 días de constantes manifestaciones en la calle contra el régimen de Nicolás Maduro, durante el día de ayer el mandatario pareciera haber orquestado un movimiento de desestabilización poco estructurado, cuyos eventos aún siguen sin convencer a los ciudadanos venezolanos.

La situación comenzó a escalar en el momento en el que Nicolás Maduro declarara a las 2 de la tarde, en el evento “Encuentro de Constituyentes” en el Poliedro de Caracas, que “si fuera destruida la Revolución Bolivariana, iríamos a combate, y lo que no se pudo con votos, lo haríamos con las armas”.

Las declaraciones de Maduro se enmarcaban en su campaña por la Asamblea Constituyente que pretende modificar la Constitución heredada de Chávez, y que ha alimentado la desaprobación pública, manteniendo a la oposición firme en las calles.

Maduro aseguró que las elecciones para la Asamblea Constituyente se llevarían a cabo “en el escenario que sea”, el día domingo 30 de julio. Por su parte, la oposición ha convocado al desconocimiento del gobierno y la desobediencia civil “pacífica”, activando el artículo 350 de la Constitución vigente.

Ante las declaraciones del mandatario, dirigentes opositores como el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, tildaron de “graves” las palabras de Maduro, asegurando que se trataría de una “declaración de guerra a los venezolanos”.

Las palabras del presidente de la Asamblea Nacional fueron previas a que se diera inicio a una sesión en el organismo, que pretendía discutir “la defensa de la soberanía popular y la protección de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcada en la aplicación de sus artículos 333 y 350”, como se podía leer en su cuenta en Twitter.

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

El acuerdo sobre la defensa de soberanía popular fue aprobado por unanimidad.

Pero a las 5:30 PM se registraba una situación irregular a las afueras de la Asamblea Nacional, cuando un Comando de la Guardia Nacional Bolivariana intentaba ingresar al Palacio Federal Legislativo con unas cajas identificadas con el sello del Consejo Nacional Electoral.

Media hora después, hordas de personas partidarias del chavismo intentaron ingresar de forma violenta al Palacio Federal Legislativo, bloqueando las entradas y lanzando 10 artefactos explosivos – tipo mortero – dentro de las instalaciones.

La situación se fue de las manos, decantando en enfrentamientos entre los diputados de la Asamblea y las Fuerzas Armadas, cuando los diputados exigían saber el contenido de las cajas que pretendían ingresar al recinto.

Mientras tanto, los colectivos chavistas tomaron las inmediaciones del edificio, “secuestrando” a los funcionarios durante más de cuatro horas.

 Según reportó el medio El Nacional, “las diputadas Delsa Solórzano y Olivia Lozano, además del parlamentario Winston Flores, fueron sacados por la fuerza y golpeados por los efectivos con sus cascos, cuando detenían el ingreso de las máquinas electorales al Parlamento sin previa autorización”.

Tan sólo una hora después de los actos ocurridos en la Asamblea Nacional, ciudadanos reportaron a través de las redes sociales el sobrevuelo irregular de un helicóptero de la policía de investigación (CICPC) por encima de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde se escuchaban detonaciones.

Un inspector de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del CICPC, que se identificó en sus propias redes sociales como Óscar Pérez, publicó un vídeo en Instagram en el que aseguraba hablar “en representación del Estado. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en búsqueda del equilibrio y en contra de este Gobierno transitorio y criminal”, exigiendo asimismo la renuncia de Nicolás Maduro y el desconocimiento civil del gobierno, instando a los ciudadanos a “salir a la calle en Caracas al Fuerte Tiuna y en el interior del país a cada base militar”, para lograr “devolver el orden democrático”.

La plataforma de información independiente Runrunes reportó que, de manera extraoficial, “se conoció que el funcionario robó el helicóptero, disparó con arma de fuego en el Ministerio de Interior y Justicia y lanzó dos granadas en el Tribunal Supremo de Justicia”.

La aeronave estaba identificada con una pancarta que rezaba “Libertad” y “350”.

De la misma manera, el medio aseguró que varias fuentes indicaban que la BAE se habría desplegado para intentar detener al piloto en la base aérea La Carlota, “aunque existen rencillas internas en el CICPC, dado que funcionarios que tampoco simpatizan con el gobierno están en desacuerdo con la detención”.

El régimen se pronunció de manera inmediata, calificando el ataque de “acto terrorista” y asociando al piloto con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA). El ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, explicó a través de una cadena obligatoria de radio y televisión que “el complotado voló la aeronave efectuando alrededor de 15 disparos contra el Ministerio de Interior, para posteriormente dirigirse a la sede del Poder Judicial donde fueron efectuados disparos y lanzadas al menos cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada”, según reportó el diario La Vanguardia.

El Ministro aseguró que los ataques representaban “una escalada golpista contra la Constitución y sus instituciones”, y relacionó a Pérez con un ex ministro del Interior quien recientemente confirmó públicamente sus contactos con la CIA, el señor Miguel Rodríguez Torres.

Si bien se desplegaron varios movimientos militares – alrededor del Palacio de Gobierno, por ejemplo – las condiciones de un “golpe de estado militar”, como declaró Villegas, no estaban dadas.

No existió sublevación de las Fuerzas Armadas y la respuesta inmediata del gobierno nacional pareciera sugerir que los hechos estaban coordinados de manera premeditada por parte de una coalición ajena a la oposición, cuyos dirigentes se encontraban secuestrados en la Asamblea Nacional.

A las 9 de la noche, la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso que declaraba nuevas competencias a la Defensoría del Pueblo y a su representante, Tarek William Saab, desvelando así el as bajo la manga del gobierno.

Las nuevas competencias del Defensor del Pueblo incluirían la “promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales” así como “las amplias competencias de actuación preventiva, de acción y reparación”.

De esta manera el Tribunal Supremo anulaba la designación del Vicefiscal y otorgaba competencias del Ministerio Público a la Defensoría, pasando por encima de la figura de la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, quien se ha declarado en abierto desacuerdo con las medidas del régimen.

A partir de ahora, Saab sería el encargado de la investigación y persecución de abusos a los derechos humanos, según reportó CNN, en una situación nacional en la que la oposición ha denunciado a nivel internacional los abusos de poder y la violenta represión del gobierno contra sus opositores.

Por su parte, la oposición venezolana ha llamado a mantener las acciones de calle, convocando a un “trancazo” de las vías principales del país el día de hoy entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde.