La grave crisis que sufre la República Bolivariana de Venezuela ha llamado a una reunión extraordinaria de las delegaciones que conforman la Organización de Estados Americanos, que pretenden convocar a una reunión de cancilleres en búsqueda de una solución a la situación del país latinoamericano.

Con 19 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la medida de auxilio inmediato que forma parte de las funciones del foro hemisférico.

Venezuela se encuentra en una álgida circunstancia económica, social y política, con una de las tasas más altas de inflación del planeta, desabastecimiento absoluto de alimentos y medicinas, un número importante de presos políticos y un descontento generalizado que ha llevado a la oposición a tomar las calles, con una respuesta masiva por parte de la ciudadanía.

Las manifestaciones se han mantenido por más de veinte días, siendo gravemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del gobierno, así como por enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas paramilitares del gobierno, conocidas como “colectivos”.

Hasta el día de hoy ha habido 28 muertos y más de 600 detenciones, ante lo cual la organización opositora no ha menguado en su esfuerzo por reclamar elecciones inmediatas para salir del régimen de Nicolás Maduro.

Ante esta situación, los Estados Miembros y el Secretario de la OEA han hecho claras sus preocupaciones por el fracaso de intentos previos de diálogo entre las partes enfrentadas, convocando a una reunión de cancilleres para buscar una solución.

La canciller venezolana declaró que “en la OEA anunciamos que si persistían estas acciones intrusivas, arbitrarias, ilegales en contra de la soberanía de nuestro país, procederíamos inmediatamente a denunciar a la Carta de la OEA y a iniciar la retirada de Venezuela de esta organización regional”, asegurando que el gobierno daría una declaración formal y que estaba al tanto de que el proceso tomaría dos años.

Según el Artículo 143 de la Carta de la OEA, el organismo “regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba”.

El mismo artículo agrega que el cese de los efectos de la Carta sobre el Estado denunciante se hace efectivo “transcurridos dos años a partir de la fecha en la que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia”, permitiendo que el Estado miembro cumpla con sus responsabilidades antes de retirarse, bien fueren de tipo económico, político o social.

En el caso de Venezuela, el país deberá saldar la deuda que tiene con el foro que suma 8.7 millones de dólares, acumulada desde antes del comienzo del Secretariado de Luis Almagro en 2015, y no incluye la cuota de 2017 de 1.8 millones de dólares.

Esto permitiría que la OEA sesione sobre la situación venezolana en los próximos dos años, pudiendo tomar cualquier decisión, incluyendo la activación de la Carta Democrática Interamericana.

El presidente designado, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta de Twitter “Como Jefe de Estado en uso de mis Atribuciones Exclusivas de acuerdo con la Constitución he ordenado el inmediato Retiro de la OEA…”. Pero su declaración peca de ignorancia sobre su propia constitución, pues ese tipo de decisiones deben pasar por la Asamblea Nacional, órgano dominado por la oposición y que a principios de mes el mismo Maduro habría intentado inhabilitar a través del Tribunal Supremo de Justicia, lo que desencadenó la ola de manifestaciones que ahora lo tienen entre la espada y la pared.