El condado Salt Lake en Utah modificará sus reglas para permitir que inmigrantes indocumentados queden en libertad si pagan su fianza y si no existen pedidos para mantenerlos detenidos, confirmó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que había anunciado una demanda en su contra.

"Todavía no nos ha llegado la confirmación oficial por parte del alguacil Jim Winder, pero confiamos en recibirla próximamente. Será un paso importante para que se respeten los derechos constitucionales de los inmigrantes", dijo Darcy Goddard, directora de asuntos legales de la filial en Utah de la ACLU.

Goddard anticipó que si esa confirmación no se recibe en los primeros días de la próxima semana, la ACLU podría presentar la demanda en contra de la cárcel del condado Salt Lake.

"Es inconstitucional detener a una persona por más tiempo del que debe estar detenida, porque eso es una violación de los derechos expresados en la Cuarta Enmienda. Eventualmente las cortes deberán pronunciarse sobre el tema", declaró Goddard.

La ACLU decidió anunciar la posibilidad de demandar al condado Salt Lake luego de que una abogada local, trabajando como defensora pública, denunciase el caso de Enrique Antonio Uroza, un mexicano indocumentado de 22 años que fue arrestado el pasado 13 de junio y que aún permanece en la cárcel a pesar de haber pagado su fianza y de que un juez ordenó su libertad.

Goddard explicó que Uroza, pocos minutos después de haber sido arrestado como sospechoso de falsificación y robo con engaño, pagó la fianza. Pero cinco horas después de ese pago se le informó que seguiría detenido 48 horas más "por cortesía hacia el Servicio de Inmigración y Aduanas" (ICE) para determinar su identidad y estatus.

Esas 48 horas terminaron a las 6 de la tarde del pasado 16 de julio, sin que ICE pidiese la detención de Uroza o la transferencia del inmigrante a su custodia.

Este jueves, 21 de julio, el juez Bruce Lubeck, a cargo del caso criminal en contra de Uroza, ordenó que el mexicano quedase en libertad, pero las autoridades carcelarias del condado Salt Lake le informaron que nuevamente seguiría detenido por otras 48 horas adicionales, sobre la base del pedido de ICE de junio pasado.

"Si el pedido de detención de ICE ya no era válido el 16 de junio no puede ser válido el 22 de julio. No hay ninguna razón legal para mantener a Uroza detenido, mucho menos cuando el mismo juez a cargo del caso ordena su libertad", comentó Goddard.

Tras revisar el caso de Uroza, y tras comprobar por medio de conversaciones con abogados defensores que cientos de otros inmigrantes están en la misma situación, la ACLU de Utah, no asociándose esta vez con otras organizaciones, decidió demandar al condado Salt Lake.

"Recientemente hemos recibido en ACLU cinco denuncias de casos similares al de Uroza, pero sabemos que muchos otros casos no nos llegan, sea porque los inmigrantes no conocen sus derechos o porque sienten temor de hacer la denuncia", dijo Goddard.

"Y otras veces los mismos abogados defensores no colaboran con sus clientes. Por eso debemos destacar lo sucedido en el caso de Uroza, en el que una abogada defensora pública tuvo la valentía de inmediatamente denunciar que no se estaban respetando los derechos de su cliente", agregó.

Por su parte, en rueda de prensa con medios locales, el alguacil Jim Winder comentó que la prolongación de la detención de inmigrantes indocumentados que de otra manera podrían salir en libertad se inició a partir de la entrada en vigor en julio del 2009 de la ley estatal SB08-81 que pide que se realicen "esfuerzos razonables" para determinar el estatus de detenidos.

Debido a que los agentes de ICE no siempre pueden responder con la premura deseada, los reclusos sospechosos de ser indocumentados (es decir, aquellos que responden "No" cuando se les pregunta si son ciudadanos estadounidenses) siguen detenidos hasta que se verifique su documentación.

Pero, según el alguacil, su cárcel ya no mantendrá esos procedimientos sino que informará a ICE que existen casos que requieren "una atención inmediata".EFE

Independientemente de la decisión tomada por el alguacil, Goddard dijo que ACLU buscará una indemnización económica para Uroza por el tiempo que estuvo detenido ilegalmente. Y también se pedirán indemnizaciones similares para otros indocumentados que hayan enfrentado o enfrenten encarcelamientos prolongados.

"Los inmigrantes son personas y tienen derechos. Y esos derechos deben ser respetados", manifestó Goddard.