Al menos 17 personas murieron el día de ayer después de que un joven de 19 años abriera fuego en los pasillos de la escuela Marjory Stoneman Douglas, de donde había sido expulsado hacía más de un año.

Nikolas Cruz, un joven con un cuadro de enfermedad mental, estaba armado con un rifle AR-15 de asalto y varios cartuchos de municiones, al cual tuvo acceso de manera legal en una armería de Broward County, según explicó USA Today.

Según la Ley Federal, personas mayores de 18 años tienen derecho a acceder a armas de fuego, incluyendo el tipo de arma de asalto con la que Cruz arremetió en los pasillos de la escuela. El joven habría pasado el chequeo de antecedentes de la base de datos federal, pues no había cometido ningún delito hasta el día de ayer, pero su registro médico no fue tomado en cuenta, cuando tenía un historial de violencia y conductas erráticas así como un cuadro de depresión por el reciente fallecimiento de su madre adoptiva.

Según recuerda el medio Mother Jones, ha habido al menos 97 tiroteos en los últimos 35 años en Estados Unidos, y en la mayoría de los casos los atacantes habían tenido acceso legal a las armas. En un esfuerzo por controlar lo que debería ser considerado como epidemia, la Administración Obama intentó limitar el acceso a las armas por parte de personas mentalmente inestables a través de una regulación federal que fue puesta en marcha después del tiroteo masivo en la escuela Sandy Hook en el 2012.

La medida incluía el requerimiento a las agencias federales para hacer disponible los datos del National Instant Criminal Background Check System (NICS), y reinstaurar la Prohibición de Armas de Asalto (AWB 1994) que habría caducado en el 2004.

La respuesta de organizaciones como la National Rifle Association (NRA) fue la de culpar a los vídeo juegos violentos y reiterar el derecho que tiene cada ciudadano a portar armas de fuego, haciendo eco – como es frecuente - a la Segunda Enmienda.

Lo que pocos recuerdan es que fue la Administración Trump quien, silenciosamente, revocó esta medida regulatoria, facilitando a las personas con inestabilidad mental adquirir armas de fuego, a través de una ley firmada el 28 de febrero del 2017.

La orden de obligaba a la Administración de Seguridad Social a compartir la lista de personas severamente inestables con el FBI y contó con un arduo criticismo.

Si bien es cierto que la medida de Obama no habría tenido “un impacto masivo” en la violencia por armas de fuego en el país – tan sólo habría afectado a unas 75.000 personas – y que los grupos de derechos a las personas incapacitadas tuvieron sus propias objeciones, según explica Vox, cualquier medida es mejor que ninguna.

Pero la Administración Trump puso en orden su remoción de manera silenciosa, sin mayor parafernalia, recibiendo un amplio agradecimiento por parte de la NRA, quien “aplaudió” la medida asegurando que “marcaba una nueva era para los dueños de armas que cumplían con la ley, y que ahora tienen un presidente que respeta y apoya nuestras armas”, según dijo entonces su director ejecutivo Chris Cox, como reportaba NBC News.

El Presidente Trump, por su parte, parece haber olvidado sus acciones cuando escribió en Twitter el día de ayer “Habían tantas señales de que el atacante de Florida era mentalmente inestable, incluso siendo expulsado de la escuela por mal comportamiento. Sus vecinos y compañeros de clase sabían que era un problema. ¡Deben siempre reportar estos casos a las autoridades, una y otra vez!”

Quizás si esta administración dejara de buscar culpables fuera y se hiciera responsable de sus actos, muchas tragedias podrían evitarse.