El fiscal general, Jeff Sessions, anunció hoy que los entes locales que quieran acceder a los fondos del programa Byrne JAG de ayuda del Departamento de Justicia deberán cumplir con normas destinadas a acabar con las "ciudades santuario".

En primer lugar, las autoridades locales deberán abrir sus cárceles a los agentes migratorios del ICE y también deberán notificar con 48 horas de antelación la puesta en liberad de cualquier persona indocumentada bajo custodia.

"Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos, debemos alentar a estas jurisdicciones 'santuario' a cambiar sus políticas", dijo Sessions en un comunicado.

El programa Byrne JAG reparte unos 375 millones de dólares anuales destinados a personal, equipos u entrenamiento.

"A partir de ahora, el Departamento solo adjudicará fondos Byrne JAG a esas ciudades y estados que cumplan con la ley federal", añadió Sessions.

La iniciativa del Departamento de Justicia podría afectar a unas 200 entidades locales conocidas como "ciudades santuario", que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen las grandes urbes del país como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.

El presidente, Donald Trump, llegó a la Casa Blanca con la promesa de acabar con las "ciudades santuario" y cortarles el acceso a todos los fondos del Gobierno.