Activistas de la comunidad inmigrante realizarán este martes un "día de acción nacional" en varias ciudades de EE.UU. para exigir que el presidente Barack Obama ponga fin "de inmediato" al programa "Comunidades Seguras" o se arriesgue a perder el apoyo del electorado hispano en 2012.

Los activistas dijeron que, como parte de las protestas, entregarán "miles de peticiones" ante la sede de la campaña de reelección de Obama en Chicago (Illinois), y manifestarán su "indignación" por la expansión de "Comunidades Seguras".

Las protestas coordinadas se llevarán a cabo también en Houston (Texas), Boston (Massachusetts), Miami (Florida), Atlanta (Georgia) y Charlotte (Carolina del Norte).

Los grupos pro-inmigrantes indicaron que Obama no sólo ha deportado a más de un millón de indocumentados desde que asumió el poder en 2009, sino que "está tomando medidas que causarán más estragos y devastación en las comunidades inmigrantes".

"Si el presidente continúa alejando a los votantes latinos, perderá la elección, simple y sencillamente", advirtió en un comunicado Carlos Roa, del grupo Presente.org.

"No puede esperar que los votantes latinos y toda una comunidad se queden mirando mientras él amplía Comunidades Seguras, un programa extremadamente controvertido que separa a las familias. Los latinos en todo EE.UU. están hartos de la continua expansión" del programa, aseguró Roa.

El activista recordó que, durante la campaña presidencial de 2008, Obama prometió poner en marcha una reforma migratoria durante su primer año de mandato y que sería "un amigo para la comunidad latina" pero, en vez, "ha presentado todo lo opuesto a sus promesas".

El pasado 5 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional dejó en claro que la participación en el programa, establecido en 2008, es obligatoria y ya no requerirá, como hasta ahora, la firma de un acuerdo con el Gobierno federal.

El programa "Comunidades Seguras", que constituye una piedra angular de la estrategia de seguridad nacional de EE.UU., permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.

Los presos con serios antecedentes penales, entre éstos violadores, homicidas y secuestradores, quedan sujetos a un proceso de deportación.

A los activistas les preocupa que el programa vaya a atrapar también a personas con infracciones menores de tránsito u otros delitos de menor cuantía.

Aseguran además que el programa desvía recursos policiales de otras áreas y ha erosionado la confianza y la cooperación de la comunidad inmigrante con las autoridades policiales.

El programa también ha afrontado la resistencia de varios líderes políticos, incluyendo a los gobernadores de Illinois, Pat Quinn, de Nueva York, Andrew Cuomo, y de Massachusetts, Deval Patrick.

La serie de protestas también cuenta con el apoyo de otros grupos pro-reforma, entre éstos la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, la Alianza Latina de Georgia para los Derechos Humanos, CRECEN en Houston, Centro Presente en Boston, "We Count!" y la Coalición Inmigrante de Florida.