El presidente del Consejo de Ministros de
Perú, Yehude Simon, defendió hoy la actuación del Gobierno en las
protestas de los nativos amazónicos, que se saldó con la muerte de
24 policías y 10 civiles, y recibió las críticas de los partidos
opositores, que pidieron su censura.

Simon acudió al Congreso de la República acompañado de su
gabinete en pleno para participar en una interpelación a la que fue
convocado junto con la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

Durante su presentación, que se prolongó durante la mañana y
luego continuó a partir de las 14.30 horas, Simon afirmó
que el Ejecutivo peruano no acepta la violencia como método para
resolver los problemas y reafirmó su disposición al diálogo.

El primer ministro dijo que el Gobierno cumplió con mantener el
orden público y velar por la paz social al ordenar la represión de
las manifestaciones en la Amazonía, que el pasado 5 de junio dejaron
34 muertos.

Aseguró, además, que la policía no fue enviada a "desalojar" a
los indígenas que tomaron una carretera en la ciudad selvática de
Bagua, sino a "desbloquear" esa vía de comunicación.

Denunció, asimismo, que "sectores interesados, impulsados por
cálculos políticos" fueron responsables "de haber azuzado a los
nativos y campesinos" de la zona.

Estos sectores, alertó, "continuarán buscando muertos para
pretender un golpe de Estado, porque lo que realmente quieren
conseguir es terminar con la democracia en el país".

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, remarcó, por su
parte, que existen "grupos radicales, financiados desde otros
países", que impulsan los hechos violentos para implantar "un modelo
de caos y anarquía" en el país.

Cabanillas pidió a los partidos políticos que respalden "la
democracia" y no alienten "acciones que atenten" contra la
estabilidad y el estado de derecho en el país.

Durante su presentación, la ministra aseguró que existe un
proyecto "absurdo y enloquecido" que, según comentó, "busca capturar
el poder generando para ello protestas y manifestaciones de
violencia".

A primera hora, Simon había afirmado que Perú tiene "inmensas
fracturas, de responsabilidades históricas" y que, si no se hace el
esfuerzo por lograr la unidad, "entonces, no será viable" como país.

El presidente del Consejo de Ministros recordó que asumió el
cargo, en octubre pasado, en un país "total y exclusivamente
fracturado", pero con la convicción de que el presidente peruano,
Alan García, busca la paz y el fortalecimiento a la democracia.

Al discurso de Simon siguió la intervención de legisladores de
diferentes bancadas que, en el caso de los grupos opositores,
pidieron su renuncia o anunciaron su intención de censurarlo.

Al término de la interpelación a los ministros y el debate entre
los parlamentarios, el portavoz de la bancada del Partido
Nacionalista, Freddy Otárola, anunció la presentación de sendos
pedidos de censura de Simon y Cabanillas.

Otárola manifestó que estos pedidos, que deberán ser debatidos la
próxima semana, se basarán en que los ministros no admitieron su
responsabilidad en los violentos sucesos, sino que los atribuyeron a
los jefes de la Policía.

"Esto es lamentable e inadmisible", remarcó el legislador, quien
dijo que la censura será apoyada por el Partido Nacionalista, la
alianza conservadora Unidad Nacional, la fujimorista Alianza por el
Futuro y las bancadas independientes del Bloque Popular y la Alianza
Parlamentaria.

Las comunidades amazónicas iniciaron una gran protesta el 9 de
abril pasado para exigir la derogatoria de una serie de leyes que
consideraban perjudiciales a sus derechos sobre la tierra y a la
consulta.

Solo poco después del 5 de junio, el reclamo de los aborígenes
fue atendido por el Ejecutivo, que pidió al Congreso derogar dos de
las más polémicas leyes referidas al manejo forestal y el uso de las
tierras.

"Lamentablemente, por cuestión de vida o muerte, tomé una
decisión que creo que ayudó muchísimo al país y a la tranquilidad",
se justificó Simon.

La derogatoria de esas dos leyes desató una fuerte polémica en el
Parlamento en torno a los derechos de las comunidades y las
modificaciones a la legislación peruana para adecuarla al Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos.