La relatora especial de la ONU para la
independencia judicial, Gabriela Knaul, pidió a las autoridades
brasileñas que adopten "medidas inmediatas" para proporcionar mayor
protección a jueces, magistrados, fiscales y abogados defensores.

"Ha llegado el momento de que el Gobierno establezca un sistema de
protección nacional con el objetivo de permitir a los jueces que
desempeñen sus funciones sin temer por sus vidas, su integridad y su
seguridad y la de sus familias", destacó la brasileña Knaul.

El llamamiento de la relatora especial se produce tras el reciente
asesinato de la jueza Patricia Lourival Acioli, conocida por su lucha
contra las bandas criminales, los escuadrones de la muerte y la
corrupción entre los agentes de policía.

"El asesinato de la
jueza Acioli es la prueba de la existencia de un problema grave y
persistente en relación con la protección de los jueces en Brasil",
señaló Knaul en un comunicado.

Recordó que el Consejo Nacional
para la Justicia ha informado de que hay al menos 69 jueces amenazados
en Brasil y que, según el Ministerio de Justicia, al menos 90 jueces
están en la lista de "los más buscados" de los escuadrones de la muerte.

"El Gobierno de Brasil tiene la obligación internacional de proteger
de manera adecuada a los jueces y al sistema judicial frente a las
amenazas, intimidación, acoso y ataques y de garantizar por ley su
seguridad", subrayó Knaul.