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Menores podrán comprar videojuegos violentos en CA

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El Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. anuló, por inconstitucional, una ley que prohibía la venta de videojuegos a menores.

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El Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU.
anuló, por inconstitucional, una ley del estado de California que
prohibía la venta o alquiler de videojuegos extremadamente violentos a
menores de edad.

El dictamen, apoyado por siete y rechazado
por dos de los magistrados del Supremo, considera que la prohibición
violaba la Primera Enmienda de la Constitución, según la cual el Poder
Legislativo no puede aprobar leyes que restrinjan la libertad de
expresión.

El fallo, escrito por el juez Antonin Scalia,
sostiene que "la ley no se condice con la Primera Enmienda", y añade que
"los videojuegos cumplen los requisitos para ser protegidos por la
Primera Enmienda".

"Al igual que los libros, los guiones
teatrales y las películas (los videojuegos) comunican ideas mediante
instrumentos literarios conocidos y características distintivas del
medio", continúa el fallo, que sostiene que "los principios básicos de
la libertad de expresión no varían con un medio de comunicación nuevo y
diferente".

En 2005, el estado de California aprobó una ley
que prohibía la venta o alquiler de videojuegos violentos a los menores
de 18 años de edad y requería una etiqueta de advertencia en el paquete,
además de la tarjeta normal de calificaciones conocida en inglés como
Esrb.

El Esrb (Junta de Clasificación de Programas de
Entretenimiento) es un sistema con cinco niveles: infancia temprana,
para todos, para mayores de 10 años de edad, adolescentes, maduro y sólo
para adultos.

La legislación estipulaba una multa de hasta 1.000 dólares por cada infracción.

Los partidarios de la ley sostienen que los videojuegos muy violentos
pueden dañar a los menores de edad y deberían recibir tratamiento
especial, en tanto que los adversarios de la ley levantaron la bandera
de la Primera Enmienda y argumentaron que el sistema el Esrb era
suficiente.

El veredicto del Supremo no significa que otros
estados no busquen establecer leyes similares aunque, probablemente,
obtendrán el mismo resultado. 

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