Un juez suspendió este martes permanentemente un programa estatal que requería la verificación de domicilio de inmigrantes indocumentados con licencia de conducir en Nuevo México hasta que el mismo sea debatido en corte.

"Esta es una excelente noticia, un gran triunfo para nuestra comunidad que temía que sus licencias fueran revocadas", dijo Marcela Díaz, directora ejecutiva de Somos un Pueblo Unido con base en Nuevo México.

A finales del pasado mes de agosto la juez del distrito de Santa Fe, Sarah Singleton, emitió una orden que suspendía temporalmente el programa de verificación de direcciones de 10.000 extranjeros que han obtenido licencias de conducir en Nuevo México.

La decisión de la misma juez bloquea la implementación de este programa de forma permanente hasta que se debata en corte, en respuesta a una demanda interpuesta también el pasado mes de agosto por el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), legisladores estatales y residentes de Nuevo México.

"Esta orden suspenderá la implementación de este programa por lo menos hasta el próximo año", aseguró Díaz.

Mientras se prepara la lucha judicial, en los próximos días el Legislativo de Nuevo México debatirá por lo menos tres propuestas de ley que proponen desde establecer nuevos requisitos para que los indocumentados puedan obtener licencias de conducir hasta una iniciativa que pretende negarles este beneficio.

Las iniciativas que serán consideradas incluyen la HB18, la cual revocaría la ley estatal aprobada en 2003 que otorga licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, pero no revocaría las que ya fueron otorgadas.

Mientras que la iniciativa HB22, establecería restricciones más severas para que los residentes de Nuevo México "sin papeles" puedan obtener una licencia de conducir. Los indocumentados estarían obligados a renovar sus licencias cada dos años.

La HB26 propone establecer un sistema similar al implementado en el estado de Utah, donde los extranjeros que no pueden comprobar la legalidad de su estatus migratorio podrán tramitar "un permiso" para conducir, pero éste no podrá ser utilizado como una forma de identificación oficial ante el Gobierno federal.

Díaz aseguró que Somos Un Pueblo Unido no se opone a que se impongan restricciones o nuevos requisitos para que los indocumentados puedan obtener licencias de conducir.

"Sabemos que nuestra gente tiene muchos años viviendo en este estado, trabajan y pagan sus impuestos", dijo al tiempo que aseguró que también apoyarían sanciones más severas en contra de aquellas personas que cometen fraude.

La activista al igual que otros defensores de los derechos de los inmigrantes se opone rotundamente a que se les niegue las licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados y asegura que éstas son necesarias para que puedan cumplir con la ley estatal de obtener seguros de auto y cumplir con las regulaciones de tránsito.

Somos Un Pueblo Unido también rechaza la propuesta de otorgar un "permiso" de conducir para los indocumentados, pero sí está a favor de un tipo de licencia de manejo diferente para los extranjeros sin residencia legal en EE.UU.

"Sabemos que muchas personas tendrían miedo de tramitar estos permisos y de traerlos consigo, porque sería una manera de revelar a todos su estatus migratorio", enfatizó la activista.

El Legislativo estatal se encuentra a la mitad de una sesión especial de dos semanas, en la que se debatirán varios temas entre ellos el de las licencias de conducir a petición de la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez.

La mandataria republicana, quien recientemente admitió que sus abuelos paternos cruzaron ilegalmente la frontera, ha tratado en varias ocasiones de revocar la ley estatal que da licencias de conducir a indocumentados.