Un grupo de inmigrantes, dos de ellos indocumentados, demandó al estado de Alabama por considerar que la nueva ley que penaliza la inmigración indocumentada en el estado viola sus derechos y la Constitución estatal.

De acuerdo con los demandantes -dos indocumentados, dos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano y la esposa de un trabajador indocumentado- la entrada en vigor de la ley HB 56 el 1 de septiembre los someterá a hostigamiento y discriminación racial.

Al anunciar este miércoles la demanda, el abogado de los demandantes, Thomas Drake, calificó la ley como "abiertamente racista" y que los derechos comprendidos en la Constitución estatal protegen tanto a ciudadanos como a no ciudadanos por igual.

La demanda, presentada el viernes en Montgomery, Alabama, centra sus argumentos en el artículo I de la sección 30 de la Constitución del estado que fomenta la inmigración.

"Que la inmigración debe ser alentada, la emigración no debe ser prohibida y ningún ciudadano debe ser exiliado", reza la sección de la Constitución de 1901.

Los demandantes son dos trabajadores indocumentados no identificados que temen perder su empleo en una planta procesadora de pollos; los estadounidenses de origen mexicano Humberto Andablo y Cirenio Andablo, que temen ser víctimas de perfil racial bajo la nueva ley y la esposa de un inmigrante indocumentado que teme enfrentar cargos criminales por "transportar o albergar" a su marido.

La HB 56 autoriza a las autoridades locales a detener a una persona bajo sospecha de que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos y penaliza a quienes transporten a una persona indocumentada.

La nueva medida exige a los negocios utilizar el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados y establece que estos podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados.

La ley exige a las escuelas públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.

Además, la ley impide que las ciudades de Alabama puedan aprobar leyes locales en contra de que la policía haga cumplir las leyes federales de inmigración.

Una coalición de organizaciones civiles, entre las que se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC), presentó a principios de julio una demanda contra la medida aduciendo que "interfiere" con leyes federales y favorece el perfil racial por parte de las autoridades locales.

La demanda de ACLU señala además que de entrar en vigor, la medida "criminalizará" a los residentes de Alabama por sus relaciones cotidianas con personas indocumentadas y que los policías serían obligados a "violar" los derechos constitucionales de los ciudadanos y de quienes no lo son por igual.