El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó esta semana ante el Tribunal Supremo, junto a otras sesenta compañías, un escrito de apoyo a las medidas migratorias del presidente Barack Obama cuya legalidad está dirimiendo la corte.

El texto insta a los jueces a fallar a favor de las acciones ejecutivas del presidente Obama que protegen temporalmente algunos inmigrantes indocumentados de la deportación y les da la capacidad de trabajar legalmente en Estados Unidos.

"En lugar de invitar a las contribuciones económicas de los inmigrantes, nuestras políticas de control migratorio a menudo han inhibido la productividad de las empresas de Estados Unidos y, de hecho, han hecho más difícil competir en el mercado global", apunta el texto.

"Si no se aborda la situación de los inmigrantes indocumentados y sus familias, también se erosionará la base de las capacidades a largo plazo de nuestra fuerza de trabajo", argumentan los empresarios.

"Por el contrario, la amenaza constante de deportación y otras incertidumbres que enfrentan los individuos indocumentados debilita nuestra economía", añade.

Además de Zuckerberg, el escrito está firmado por otros directores ejecutivos de distintas ramas empresariales como Reid Hoffman, al frente de LinkedIn; Redfin Corporation, una agencia de bienes raíces; o la Taquería El Rincón Mexicano, un restaurante mexicano en Grand Rapids (Michigan).

Precisamente este martes, un total de 225 congresistas demócratas presentaron otro texto similar a favor de las medidas migratorias del mandatario, que el Supremo abordará en una primera vista oral el próximo 18 de abril.

El Tribunal Supremo podría dictar sentencia ya en junio, al pronunciarse sobre múltiples aspectos de la conocida acción diferida (DACA), que pretende evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, así como sobre la versión destinada a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o permiso de residencia (DAPA).

Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, priorizando "la deportación de criminales, y no la de las familias", según Casa Blanca.

Ante esta situación, la oposición republicana decidió llevar las acciones migratorias del presidente ante los tribunales y, tras casi un año de litigios, es ahora el turno de la más alta instancia judicial para dirimir o no sobre el asunto.

Cada año, el Tribunal Supremo recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.

El debate en el alto tribunal promete despertar una batalla política entre demócratas y republicanos, que han convertido la inmigración en un tema de campaña y que en junio, cuando se pronunciaría el Supremo, estarían a pocos semanas de celebrar sus convenciones nacionales para elegir a los candidatos presidenciales.