Los concejos municipales de dos ciudades fronterizas con México, Palmview y La Joya, aprobaron hoy unirse a la demanda que varias ciudades y condados presentaron contra el estado de Texas por la promulgación de una ley antiinmigrante que prohíbe las "ciudades santuario".

Las autoridades de ambas localidades de Texas votaron a favor de sumarse a esta batalla legal, en la que ya están participando ciudades del estado como Austin, San Antonio, El Paso, Dallas o Houston.

Además, el pueblo limítrofe de El Cenizo y los condados de Maverick, El Paso y Bexar también forman parte de la demanda contra ese estado sureño.

"La mayoría de habitantes en el Valle del Río Bravo somos hispanos", señaló hoy al medio local The Monitor el alcalde de La Joya, José Salinas, que lamentó que las injusticias contra su comunidad son "terribles y continuas".

Tras la aprobación unánime (4-0) del comisionado de La Joya, se ordenó al administrador de la ciudad que explore la coordinación con otros municipios y entidades en litigios en contra de esta legislación.

La controvertida ley, conocida como SB4, prohíbe las "ciudades santuario", aquellas que regulan a favor de los indocumentados, y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona, incluso en una parada de tráfico.

Además, establece posibles penas de cárcel y cuantiosas multas -de hasta 25.000 dólares- a los sheriffs y autoridades que incumplan esta legislación y traten de proteger a las personas sin documentación.

El comisionado de Palmview, Javier Ramírez, dijo al mismo medio local que se oponía a la ley porque creía que, entre otras cosas, afectaría negativamente a "muchas familias".

"Yo trabajo en una escuela y puedo decirte honestamente que entre el veinte y el treinta por ciento de nuestros padres son probablemente indocumentados, pero sus hijos son ciudadanos legales", especificó Ramírez.

"¿Qué va a pasar si estas personas son detenidas y no tienen papeles?", se preguntó.

La Joya y Palmview se unieron a esta demanda tres días después de que un juez federal de San Antonio (Texas) escuchara argumentos en el caso que enfrenta a numerosas ciudades y condados contra el estado por esta cuestión.

La sentencia deberá ser emitida antes del próximo 1 de septiembre, fecha prevista para que la ley entre en vigor, según estipulan las reglas de la Legislatura texana.