Activistas, religiosos y enfermos renales que necesitan diálisis y trasplantes en Illinois caminarán la próxima semana hasta Springfield, capital del estado, para exigir al gobernador Bruce Rauner que no elimine los fondos estatales que permiten tratamientos médicos gratuitos a indocumentados.

Según señaló hoy el pastor José Landaverde, uno de los abanderados de la lucha por la atención de indocumentados sin seguro médico, Rauner estaría considerando eliminar estos beneficios como parte de sus planes para equilibrar el déficit de presupuesto.

"Esto sería una condena de muerte para los que no tienen opción, y es por eso que hemos decidido llevar nuestra lucha hasta la mansión del Gobernador en Springfield", declaró en un comunicado.

Emma Lozano, de Familias Unidas y Sin Fronteras, expresó por su parte que "la excusa para ahorrar dinero matará a las personas que necesitan tratamiento".

La caminata comenzará el jueves en el sur de Chicago hasta tomar la ruta 66 y a partir de ahí avanzar unas 30 millas diarias, con la meta final de llegar a las puertas de la residencia de Rauner.

Los activistas piensan permanecer en ese emplazamiento hasta que el gobernador republicano firme un compromiso de que Illinois apoyará los trasplantes y pagará por el tratamiento de diálisis.

"Si vamos a morir que sea luchando por nuestro derecho a la vida", manifestó la indocumentada Marisol Rivera, quien es sometida a diálisis desde hace tres años a la espera de un riñón.

Una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Illinois en octubre pasado, la primera de su tipo en Estados Unidos, otorga fondos para trasplantes de riñón a través de Medicaid a cualquier paciente que viva en el estado, sin importar su estatus migratorio.

En Illinois, la diálisis se considera un tratamiento de emergencia en los hospitales y tiene un costo anual de 60.000 dólares, un monto inferior a los 100.000 dólares que cuesta un trasplante.

A partir del pasado mes de julio, y sin que la Asamblea Legislativa estatal, de mayoría demócrata, alcance a aprobar su presupuesto, el Gobierno estatal se quedó sin recursos financieros y Rauner ordenó el cierre de algunos servicios considerados esenciales por los inmigrantes, que incluyen salud y educación.