El Gobierno del presidente Barack Obama está
incumpliendo las obligaciones internacionales de Estados Unidos porque
no ha investigado al expresidente George W. Bush por supuestas torturas,
según señaló Human Rights Watch (HRW).

La organización no
gubernamental defensora de los derechos humanos divulgó un extenso
informe acerca de las denuncias de detenidos, supuestos terroristas,
sobre los malos tratos "autorizados por el presidente Bush y otros
funcionarios", según el documento.

"El Gobierno de Obama no ha cumplido con las obligaciones de EE.UU.
bajo la Convención contra la Tortura, porque no ha investigado los
actos de tortura y otros malos tratos de los detenidos", afirma HRW en
un comunicado.

El documento de 107 páginas -titulado "Tortura
impune: el gobierno de Bush y el mal trato a los detenidos"- contiene lo
que el grupo califica como "información sustancial que amerita la
investigación criminal de Bush y otros funcionarios de su Gobierno,
incluidos el exvicepresidente Dick Cheney, el exjefe del Pentágono,
Donald Rumsfeld, y el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), George Tenet".

Según HRW, estos funcionarios ordenaron
prácticas tales como "el submarino" -un procedimiento por el cual, con
agua, se lleva al cautivo al borde de la asfixia-, el uso de prisiones
secretas de la CIA y la transferencia de detenidos a países donde fueron
torturados".

Ya en 2005 HRW había presentado un documento en
el cual formulaba acusaciones similares contra esos funcionarios y
contra el teniente general Ricardo Sánchez, del Ejército de EE.UU.,
quien había sido comandante en Irak, y el exgeneral Geoffrey Miller,
excomandante militar de la prisión estadounidense en Guantánamo (Cuba).

Según el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, "hay razones
sólidas para investigar a Bush, Cheney y Tenet porque autorizaron la
tortura y crímenes de guerra".

Por su parte, "el presidente
Obama ha tratado la tortura como una selección desafortunada de
procedimientos más que como un delito (y) su decisión de poner fin a las
prácticas abusivas de interrogatorio seguirá siendo reversible a menos
que se restablezca la prohibición de la tortura".

En agosto de
2009 el secretario de Justicia, Eric Holder, asignó a su subordinado
inmediato John Durham la investigación de los abusos de detenidos pero
limitó la pesquisa a los "actos no autorizados".

Dado que los
abogados del Departamento de Justicia y del Pentágono en el Gobierno de
Bush habían autorizado el "submarino" y otros métodos de interrogatorio,
esos actos quedaron fuera de la investigación.

"El desprecio
del Gobierno de Estados Unidos por los derechos humanos en la lucha
contra el terrorismo en los años que siguieron a los ataques del 11 de
septiembre de 2001 disminuyó la posición moral de EE.UU, dio un ejemplo
negativo a otros gobiernos y socavó los esfuerzos para reducir la
militancia antiestadounidense en todo el mundo", según este grupo.

"El uso de torturas, las desapariciones forzadas y las prisiones
secretas de la CIA fueron ilegales, inmorales y contraproducentes",
añade HRW.

El grupo de derechos humanos instó a la creación de
una comisión independiente, no partidista, y argumentó que "Estados
Unidos y el mundo entero merecen una rendición plena y pública de
cuentas acerca de la escala de los abusos que siguieron a los ataques
del 11 de septiembre".