La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, firmó este lunes la ley SB20, una medida similar a la SB1070 de Arizona, en medio de amenazas de demandas por considerarla inconstitucional y muy costosa para el estado.

"Esta legislación tiene tolerancia y lo que hace es enviar el mensaje que Carolina del Sur es un estado que sigue las leyes y que da la bienvenida a la inmigración legal pero no a los ileales. Se pueden ir a otra parte (indocumentados)" , afirmó Haley durante la promulgación de la medida en el Capitolio estatal.

Al promulgar la ley antiinmigrante, Carolina del Sur sigue los pasos a Arizona, Utah, Georgia y Alabama que aprobaron legislaciones para combatir la inmigración ilegal.

La medida permite a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con oficiales del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.

Dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con 12 agentes y un costo de 1,3 millón de dólares con poderes para examinar el estatus migratorio de una persona.

Asimismo, la ley convierte en delito mayor con penas de hasta 25.000 dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar consigo una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.

También obliga a las empresas a comprobar la legalidad de los trabajadores utilizando el sistema federal E-Verify y los que no utilicen el programa corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive el cierre temporal.

"Como hija de inmigrantes de la India puedo decir que esta ley no tolera el perfil racial, vamos a entrenar a nuestros oficiales y tengo confianza de que cumplirán con su deber", apuntó la gobernadora.

Acompañada de los senadores estatales, los republicanos Lawrence "Larry" Grooms y Larry Martin, ambos promotores de la SB20, Haley enfatizó que los indocumentados cuestan más dinero al estado en servicios sociales, médicos, educación que los que se pueden gastar en la implementación de la ley.

"Los 'ilegales' son una amenaza para nuestra libertad y deben ser erradicados", agregó el senador Grooms.

"Ello cometen delitos como robar documentos, manejar sin licencia, no pagar impuestos y traen a nuestras comunidades prostitución, drogas y pandillas. Si los federales no cumplen con su trabajo debemos hacerlo para resguardar la seguridad de los ciudadanos de Carolina del Sur", sostuvo.

"Comenzaremos ya a desarrollar una serie de reuniones con la comunidad de mexicanos para informar sobre esta ley y con grupos de abogados para buscar vías legales para proteger los derechos civiles de los connacionales", afirmó Carlos Flores Vizcarra, cónsul general de México en las Carolinas.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) también anunció que planea interponer una acción legal para parar detener la implementación de la SB20 antes que entre en vigor el 1 de enero de 2012.

Victoria Middleton, directora de ACLU en Carolina del Sur, dijo a los medios que la medida " invita al perfil racial" y que va más allá de la SB1070 de Arizona al crear una unidad local de inmigración.

Al respecto, la gobernadora resaltó que "no le tiene miedo a las demandas" y que ya está acostumbrada a enfrentarlas pero insistió que la ley a larga "ahorrará dinero al estado".

Algunos hispanos, acompañados de anglos y afroamericanos, que asistieron a la firma de la polémica ley, catalogaron la acción de Haley como "vergonzosa" y una movida política que complace a un grupo electoral en específico.

"Nos vamos a quedar sin los trabajadores porque se van a ir a otros estados. Es una vergüenza que la gobernadora no tenga idea de las contribuciones de los inmigrantes", afirmó a Efe Julie Leone, residente del estado.

Mientras que Amanda Jackson, organizadora comunitaria de Church World Service, dijo que hoy era un " día triste" para Carolina del Sur.

Roberto Belén, de la Coalición de Inmigración de Carolina del Sur, enfatizó que Haley no está cumpliendo su promesa de campaña de ser consciente con el fisco estatal en medio de una crisis de presupuesto con millones de dólares en recortes a la educación.

"No es posible que los legisladores se concentren en el 1 por ciento de la población de nuestro estado que no es documentada y no en el casi 10 por ciento que hay de índice de desempleo", apuntó Gregory Torrales, presidente del Consejo de Liderazgo Hispanos de Carolina del Sur.

Cifras recientes del censo de 2010 indicaron que los hispanos representan el 5,1 por ciento de la población del estado, es decir, 235.893, en comparación con 95.076 (2,4 por ciento) en 2000 y 30.551 (1,1 por ciento) en 1990.

Sin embargo, el Centro Pew reportó que la población indocumentada en Carolina del Sur pasó de 70.000 en 2007 a 55.000 en 2010, es decir, una reducción del 21,4 por ciento.