La pregunta más frecuente que reciben los centros de atención a víctimas de violencia sexual o doméstica durante los últimos meses es si quienes denuncien haber sido objeto de violencia serán o no reportados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según reporta la revista TIME, la nueva administración a complicado gravemente la situación de la comunidad inmigrante, desde todo punto de vista, sobretodo después de que el Presidente Trump firmara la orden que expandía la lista de ofensas deplorables.

Pero los numerosos casos de deportación ajena a historial criminal, sumados a la retórica del presidente y las múltiples redadas del ICE, han puesto a la comunidad inmigrante estadounidense en un constante estado de alerta.

Sobretodo después de que se hiciera público el caso de una inmigrante en El Paso quien fuera detenida después de haber introducido la denuncia contra un hombre que abusó sexualmente de ella.

La detención se llevó a cabo el 9 de Febrero, una vez los agentes de inmigración hubiesen obtenido los datos de la mujer, presuntamente por parte de su agresor, Mario Alberto De Ávila, quien estaba bajo custodia, según reportó El Paso Times.

La detención ha alarmado a oficiales del condado de El Paso como la abogada Jo Anne Bernal, pues consideran que podría ser el comienzo del silencio criminal por miedo a la deportación.

Un estudio reciente de 700 asesores y proveedores de servicios legales, determinó que el 62% de ellos ha observado un incremento en las preguntas relativas a la inmigración por parte de los supervivientes a la violencia, según continúa TIME. “Alrededor de tres cuartos de quienes sobrevivieron dijeron que los inmigrantes han expresado preocupaciones sobre contactar o no a la policía y aparecer en corte”.

Un reportaje publicado por el New York Times aseguraba que, si bien la violencia doméstica siempre ha sido un crimen difícil de procesar – pues a las víctimas le toma años buscar ayuda – desde la toma de posesión de la nueva administración, ha habido un importante descenso en los reportes de abuso sexual y violencia doméstica en la comunidad latina alrededor del país.

“Agentes del orden público en varias ciudades grandes, como Los Angeles, Houston y Denver, dicen que la consecuencia más peligrosa del cambio de políticas y declaraciones severas sobre inmigración es que menos inmigrantes estarán dispuestos a acudir a la policía”, dice el reportaje.

El medio Chron reportaba el 6 de abril que el jefe de policía de Houston anunció una disminución importante en los casos de hispanos que reportaban violaciones o crímenes violentos, en comparación con el año pasado.

Centros de atención a víctimas de la violencia doméstica como Laura’s House en Orange County, SAFE en Austin y agentes especiales como el Capitán James Humpries del Condado de Montgomery, han mostrado grave preocupación ante el silencio de las víctimas, pues consideran que las nuevas políticas migratorias han reforzado la desconfianza en las fuerzas policiales.

Olivia Rodríguez, directora ejecutiva del Consejo de Violencia Doméstica del Condado de Los Ángeles, declaró al New York Times que, si bien su oficina recibía por lo menos media docena de llamadas a la semana, siendo al menos la mitad de ciudadanos hispanos, desde el mes de enero tan sólo han recibido dos llamadas.

“Esto no es normal. Asumen que si llaman a una entidad gubernamental, todo está conectado y por lo tanto serán reportados al ICE y deportados. Entonces en vez de llamar, soportan el abuso”.

Aún cuando las víctimas que sobreviven al abuso aún califican para la protección de la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, la reticencia de los inmigrantes parece no dar marcha atrás.

Para Archi Pyati, jefa de políticas y programas en el Centro de Justicia Tahirih, “el miedo (entre los inmigrantes sobrevivientes) es aún rampante. Mientras el gobierno federal siga por este camino, habrán muchas mujeres inmigrantes heridas”, según reportó Mother Jones.