El 11 de septiembre se ha transformado en una fecha oscura para los estadounidenses, después de que un grupo de terroristas pertenecientes a Al-Qaeda secuestraran tres aviones y los dirigieran contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y contra el Pentágono.

Pero lo que muchos desconocen, es que Estados Unidos fue responsable de otro evento sangriento en la misma fecha en 1973, contra el gobierno socialista de Salvador Allende, en Chile.

Eran las 8:42 de la mañana en Santiago, cuando la “Cadena Democrática” de radio emitió, para sorpresa de sus oyentes, una proclama militar en la que se le exigía al presidente Allende hacer entrega inmediata de su cargo a una junta de gobierno, integrada por los altos mandos de las Fuerzas Armadas Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, José Toribio Merino y César Mendoza.

El fuego armado se desata en las calles y para las 9:55 los tanques del ejército ya ingresaban en el perímetro del palacio de gobierno de La Moneda, donde el presidente se encontraba atrincherado desde tempranas horas, ante la información de que la marina en el puerto de Valparaíso planeaba un golpe de estado.

Allende se dirigió al pueblo por comunicación radiofónica, pidiendo la calma y sin instigar a la confrontación. Varios ministros intentaron disuadirle y ofrecerle salir del país, a lo que el presidente se negó rotundamente. De la misma manera, varios militares contactaron con La Moneda para hacerle la proposición de sacarle del país, pero la respuesta era clara: Allende no se iba a rendir. Con un fusil en mano – regalo de Fidel Castro – y a través de Radio Magallanes (la última emisora pro-gubernamental que no había sido silenciada por los militares durante la mañana), Allende emitió su último mensaje a la Nación, que se transformaría en símbolo de lucha y en eco de un momento histórico.

“Quizás sea ésta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes”, inició el presidente, explicando la situación de sublevación armada. “Ante estos hechos sólo me cabe decirle a los trabajadores: Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza”.

A las 10:30, los tanques abrieron fuego contra el palacio de La Moneda, junto con tanquetas y soldados, y alrededor del mediodía, los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile iniciaron un bombardeo contra el palacio de gobierno, destruyendo el portón norte, los techos del primer piso, el pabellón que separa el edificio y el segundo piso. La residencia presidencial también fue bombardeada.

El ataque continuó con gases lacrimógenos, y ante la resistencia del presidente y de sus acompañantes, los militares decidieron tomarla derribando la puerta del palacio.

Ante la presencia militar, el presidente resolvió que debían rendirse e insistió en que sus acompañantes bajaran y dejaran las armas. Pero uno de los doctores que le acompañaban recuerda al presidente gritar “¡Allende no se rinde, milicos de mierda!” justo antes de dispararse en la barbilla con el fusil AK-47 que llevaba consigo.

La intervención extranjera ha sido una constante en la historia política y económica de Latinoamérica. La década de los años 70 no sería la excepción, después de que el gobierno de Estados Unidos considerara prioritario impedir que el socialismo y el comunismo se instauraran en los gobiernos del cono sur, como había hecho en Cuba.

Una vez investido, el presidente Richard Nixon ordenó llevar a cabo el Proyecto FUBELT, una serie de operaciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia, destinadas a boicotear el gobierno de Salvador Allende. Estos hechos fueron publicados por el National Security Archive en el año 1998 e incluían resúmenes de reuniones secretas entre el secretario de Estado Henry Kissinger y sus informantes en Santiago.

Las órdenes de Nixon eran muy claras: llevar a cabo un plan de acción que estrangulara la economía del país, desacreditando así la gestión del presidente socialista, para finalmente activar la estrategia del golpe de Estado.

Otros documentos desclasificados por la Casa Blanca y publicados en 2009, demostraron el financiamiento por parte de Nixon al dictador brasileño Emilio Garrastazu Médici, para asesorar e influenciar a las Fuerzas Armadas chilenas en el proceso de derrocamiento.

Este escenario había sido planeado con mucha anticipación, desde el momento en el que Allende fue electo presidente, siendo su cerebro el Secretario de Estado de Nixon, Henry Kissinger junto con el director de la CIA, Richard Helms. Ambos estadounidenses acordaron con economistas chilenos del partido demócrata cristiano el financiamiento del golpe militar, que contó con la participación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, se transformaría en el líder de la junta militar y el alto mando de una dictadura que duraría 16 años y medio.

Después de que se conociera el fallecimiento del presidente Allende, y la toma del poder por parte de la Junta Militar, el país pasó a un estricto control y se procedió a la persecución, tortura y asesinato de todo ciudadano que formara parte del Partido Comunista, del movimiento socialista o que sencillamente estuviera fuera de los estatutos del régimen.

La censura fue inmediata con la clausura de todos los medios de comunicación independientes, se suspendieron los partidos y se disolvió el senado. Asimismo, se persiguieron y asesinaron miles de personas que formaron parte de grupos sociales, estudiantiles, colectivos de trabajadores y campesinos.

Los organismos de seguridad, creados bajo los lineamientos de la CIA, eran especialistas en la persecución y la tortura, y se transformaron en la pesadilla del país, siendo la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Inteligencia (CNI) los principales violadores a los derechos humanos fundamentales.

Muchos otorgan a la Junta de Gobierno el haber transformado a Chile en una potencia económica en el continente, con la introducción de políticas económicas neoliberales que controlaron estrictamente la inflación y fomentaron las exportaciones de productos del sector primario.

Pero el costo fue muy alto.

Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, durante el período de la dictadura se registraron al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2298 ejecutados y 1209 detenidos desaparecidos.

La represión de las manifestaciones culturales a través de la censura y la destrucción de libros y documentos, y la instauración del terror en las calles, dividió al país de una manera irreparable, a tal punto que hoy, 44 años después, las heridas siguen abiertas.

El hecho de que Pinochet no fuera derrocado sino que entregara el poder después de reformar la constitución, prolongó el fantasma de la dictadura durante la transición a la democracia y durante su “nuevo” proceso político. El devorador sistema capitalista – ejemplificado en los fondos de pensiones, el sistema de salud prepagada y el alto costo de la educación – así como la lucha contra los pueblos indígenas, son tan sólo algunas de las consecuencias vigentes de la dictadura.

Las demás, son cicatrices que no se ven.

Con la primera elección democrática de Patricio Aylwin como presidente en 1989, se dio inicio a un proceso de reestructuración política y con ello la necesidad de justicia y compensación a tantas personas víctimas de la dictadura. En 1991 se hizo público el primer informe de Violaciones a los Derechos Humanos, conocido como el informe Rettig, que reconocía 2.279 muertes en manos de las fuerzas de seguridad durante la dictadura; en el 2003, se fundó la Comisión Valech que amplió la información sobre la represión, llegando a reportar más de 30.000 víctimas. Un segundo informe Valech presentado en el 2011, reportó un total de 40.018 víctimas, de las cuales se validaron tan sólo 10.000, cuyos supervivientes reciben desde entonces tan sólo una pensión mensual, que pretende restituir los maltratos, las violaciones y los miles de familiares desaparecidos.