Durante los últimos 12 meses hemos visto cómo la estigmatización de la comunidad hispana en Estados Unidos se ha transformado en el pan de cada día.

Las persecuciones internas, amenazas contra las ciudades santuario, el aumento de las redadas o la suspensión del DACA y el TPS para los ciudadanos centroamericanos han sido tan sólo la punta del iceberg de las políticas migratorias de una administración que insiste en hacer del inmigrante su chivo expiatorio.

Esta realidad supone no sólo la radicalización de posturas racistas y xenófobas por parte de quienes ahora llevan el mando del país, sino también la necesidad de analizar la participación de la comunidad latina en la política nacional.

A finales del 2016, la población latinoamericana en Estados Unidos se veía representada por tan sólo el 1% de los funcionarios electos, a pesar de ser la comunidad con el crecimiento más acelerado en todo el territorio nacional (sin tomar en cuenta la población puertorriqueña).

Según datos de la National Association of Latino Elected Officials (NALEO), actualmente alrededor de 6,100 Latinos han sido elegidos para representar a sus comunidades en los órganos legislativos y gubernamentales, a nivel municipal, estatal y nacional, y su conglomerado se estructura “desde la base hacia arriba”, como explicaba el editor de la revista PODER, José Fernando López, en su columna para el Huffington Post hace algunos años.

Si bien este crecimiento pareciera tener una sólida base, fenómenos como los resultados de las elecciones presidenciales del 2016 exigen un debate más objetivo.

Según datos del Pew Research Center, el 66% de los votantes inscritos que se identificaban como Latinos apoyaban la candidatura de Hillary Clinton, versus un 24% que apoyaba al entonces candidato Donald Trump. Sin embargo, la candidata demócrata no obtuvo el mismo apoyo de la comunidad latina que tuvo su predecesor Barack Obama, quien durante el 2008 recibió el apoyo del 67% de los latinos, mientras que en el 2012, esa cifra aumentó al 71%.

Asimismo, durante la era Obama, algunos funcionarios latinos electos intentaron distanciarse de las trincheras demócratas y trazaron una trayectoria distinta, como fue el caso de Jaime Herrera Butler en Washington y Raúl Labrador en Idaho, a quienes López describe como “republicanos que han asimilado la cultura de manera diferente a la comunidad hispana”, al igual que el fenómeno Marco Rubio, quien logró ponerse a la cabeza del GOP con estrategias más conservadoras.

Pero el escenario en el 2018 es distinto.

La comunidad latinoamericana necesita con urgencia líderes que no sólo representen los ideales de un partido que los apoya, sino que identifiquen las necesidades de las comunidades que finalmente los elegirán, promoviendo la heterogeneidad del entramado social estadounidense no como un elemento político, sino como una realidad inevitable.

El deber de nuestros líderes políticos es defender nuestros derechos como ciudadanos en el país, pero el reto se encuentra en definir las estrategias.

Una parte importante de la población estadounidense que hace eco de los postulados de Samuel Huntington (cuyo libro El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial parece ser la Biblia de la Administración Trump) sobre el divisionismo y el peligro que supone el aumento de la población hispana en el país; la nueva mirada política necesita precisamente desmentir eso, demostrar que la cultura inmigrante nada tiene de colonizadora y tirar por la borda finalmente tantos años de estigmatización para poder acercarnos de verdad al Sueño Americano.