No importa cuántas veces haya cerrado el gobierno ni el espectáculo de fuego cruzado entre Demócratas y Republicanos, el futuro de 800.000 jóvenes llegados al país durante la infancia (Dreamers) sigue siendo incierto.

Estudiantes, trabajadores y cabezas de familia corren el riesgo de quedarse sin un estatus migratorio definitivo mientras el Congreso avanza a paso lento hacia una solución definitiva.

Sin embargo, durante la semana pasada el Secretario de Defensa, James Mattis, aseguró que el futuro de los 900 Dreamers que sirven en el ejército será diferente.

“Siempre apoyaremos a nuestra gente”, dijo Mattis a los reporteros durante una rueda de prensa, asegurando que ninguno de ellos debería preocuparse. “Ellos no serán objeto de ningún tipo de deportación. En términos de la situación de DACA, se ha clarificado que no corren ningún tipo de peligro”, aseguró el Secretario, según le citó Associated Press.

Asimismo, y según reportó el diario The Independent, el Secretario de Defensa habría llegado a un acuerdo con la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para asegurar que los soldados bajo la protección de DACA – y que tuvieran un récord criminal limpio – no serán objeto de deportación en el caso de que el Congreso no llegue a una solución definitiva para estos ciudadanos antes del fin del plazo otorgado por Trump (5 de marzo).

Desde hace alrededor de una década, miles de ciudadanos inmigrantes se han incorporado a las Fuerzas Armadas a través del programa Military Accessions to the Vital National Interest (MAVNI) creado por la administración Bush para “reclutar extranjeros con entrenamientos médicos especializados o aptitudes idiomáticas fundamentales como el dominio del ruso o el árabe”, según explica el National Public Radio. El acuerdo ofrecido a estos nuevos reclutas era una vía rápida para la naturalización a cambio de su servicio militar, algo muy similar a las ventajas que percibían los Dreamers tras iniciar una carrera en las Fuerzas Armadas.

MAVNI fue suspendido en el 2016 por razones de seguridad y miles de inmigrantes han quedado atrapados en un proceso burocrático plagado de vacíos legales, incluyendo varios Dreamers.

Sin embargo, el haber servido en el ejército no es una garantía contra la deportación, como bien lo ha demostrado esta administración. Son múltiples los casos de veteranos que han sido deportados con o sin registro criminal, y su servicio a la nación ha sido omitido con la menor de las vergüenzas.