Durante la década de 1970, una serie de documentos fueron objeto de robo en el complejo de oficinas Watergate, en Washington, donde se alojaba la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos.

En enero de 1972, el Asesor de Finanzas para el Comité para la Reelección del Presidente (CRP, por sus siglas en inglés) introdujo un plan de inteligencia de campaña al jefe interino del Comité, Jeb Stuart Magruder, al Procurador General John Mitchell y al asesor del presidente, John Dean, involucrando varias y graves actividades ilegales contra el Partido Demócrata.

Las actividades contaban con la invasión de la sede del Comité Nacional Democrático, para poder fotografiar documentos de campaña y esconder dispositivos de escucha en las líneas telefónicas.

La estrategia fue coordinada por dos ex oficiales de la CIA y un ex agente del FBI, para observar, conducir y llevar a cabo la intervención en el complejo Watergate. Algunos de los dispositivos de escucha debieron ser reparados por lo que se debió intervenir una segunda vez en el edificio, siendo esta vez descubiertos por seguridad y arrestados por intento de robo e intento de interceptación de comunicaciones telefónicas.

Los involucrados en el caso formaban parte del grupo de combatientes de la libertad cubana, reclutados por el ex agente de la CIA Howard Hunt.

La Administración Nixon inició inmediatamente los procedimientos de encubrimiento del asunto, para evitar cualquier nexo entre la intervención en Watergate y la figura del presidente que buscaba la reelección.

Al salir a la luz el nombre de Hunt, se le relacionó inmediatamente con el procedimiento llevado a cabo en la Casa Blanca llamado Plomeros de la Casa Blanca, creado para evitar las “filtraciones” de información y seguridad y para mantener una red de espionaje dentro de la institución.

Tanto Nixon como sus ayudantes intentaron deshacerse de cualquier información que les pudiera conectar con el ex agente de la CIA.

Bajo órdenes de su presidente, el Jefe de Gabinete, H.R. Haldeman, debió interceder ante la CIA para bloquear la investigación del FBI sobre el origen del dinero que financió el robo de Watergate.

Una investigación de la prensa determinó que gran parte de los fondos donados para el Comité de Reelección Presidencial terminaban en las cuentas bancarias de los ladrones de Watergate.

El escándalo llegó a involucrar a figuras como el Fiscal General, y poco a poco fue escalando hasta llegarle al cuello al mismísimo Presidente.

Una serie de conversaciones registradas demostró que Nixon habría tenido que remover a Haldeman y utilizar el gesto para limpiar cualquier tipo de implicación que pudiese haber tenido en el asunto.

Prosiguió asimismo a pedir la renuncia de Ehrlichman, otro de sus ayudantes, así como también la del Fiscal General Kleindienst y la del abogado de la Casa Blanca, John Dean.

Tras anunciar las renuncias de su gabinete, Nixon nombró a un procurador general nuevo, Elliot Richardson, quien debía designar un abogado especial para la investigación de Watergate, independiente del Departamento de Justicia.

Una vez llegado el caso a la Corte Suprema, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó 27-11 para acusar al presidente por obstrucción de la justicia, abuso de poder y desprecio al Congreso.

Finalmente, y para evitar ser acusado, el Presidente debió renunciar a su puesto.

¿Nos parece familiar el escenario?

Como si no fueran suficientes las acusaciones y supuestas investigaciones por parte de las agencias de inteligencia nacional – que conectan al gabinete de la campaña presidencial de Trump con la intervención cibernética rusa en las elecciones - el día de ayer, el Representante Demócrata de Texas, Al Green, condujo una rueda de prensa para solicitar la destitución de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, alegando que el despido del director del FBI, James Comey, representaba una “obstrucción de la justicia”, según reportó The Guardian.

Al final del día, el Washington Post reportó que Trump habría divulgado información confidencial a diplomáticos rusos en la Sala Oval la semana pasada, ante lo cual algunos funcionarios corrieron a notificar a las agencias de inteligencia nacionales.

La información detallaba fuentes de datos sobre planes de ISIS, poniendo en riesgo estrategias de espionaje e incluso a las personas involucradas.

La respuesta inmediata de la Casa Blanca fue la del escepticismo y la falsedad de los reportes, haciendo eco del eslogan presidencial “Fake News”.

El día de hoy, el Presidente recurrió a Twitter para asegurar que estaba en todo su derecho de compartir información con los diplomáticos rusos que garantizara el avance en la lucha contra ISIS, según reportó The New York Times.

Siendo absolutamente estrictos con la ley, analistas sugieren que Trump estaría en lo correcto, pero sin embargo, habría violado su juramento como Presidente al ofrecer información vital a una nación que históricamente ha sido antagónica a Los Estados Unidos.

Si bien las circunstancias del escándalo Watergate y el (ahora conocido como) Russiagate son diferentes – pues en el caso de Nixon el Congreso era dominado por los Demócratas y el caso de Trump aún no cuenta con un investigador especial – lo que cuenta ahora es lo que el profesor de historia de la Universidad de Texas A&M, Luke Nichter, ha catalogado como “clima político”: “Como en el Watergate, no vemos qué hay en la siguiente esquina, cuál será el siguiente titular. Hay una sensación de aceleración, de que el escándalo continúa girando”, aseguró al diario El País.

Esta opinión es respaldada por otros analistas europeos. Según la editorial del 11 de Mayo del diario Le Monde (Francia), “el problema, en lo que respecta al Sr. Trump, es que sigue dando la impresión de tener algo que esconder cuando se trata de sus relaciones con Rusia. Nadie logra comprender sus múltiples declaraciones de admiración hacia Vladimir Putin. Inevitablemente, las circunstancias apuntan a posibles nexos entre la banca rusa y un presidente que ha sido el primero en rehusarse a hacer pública su declaración de impuestos. Un mínimo de transparencia fiscal de su parte podría atenuar significativamente las sospechas”.

Finalmente, pero siendo el fondo del asunto, lo que develó el escándalo de Watergate fue una investigación periodística que incitó a una alerta judicial, asistiendo de esta manera a una justicia velada por omisión.

En aquél momento, el Washington Post publicaba en marzo del 73 la manera en la que los Republicanos acusaban a los medios de exagerar la importancia del asunto Watergate. Según el medio, Ehrlichman (asistente del Presidente Nixon) aseguraba que todo el asunto “operaba en dos niveles: la atención de los medios y el interés del ciudadano promedio, que es muy bajo”. Asimismo, el Vicepresidente Spiro Agnew declaró en un discurso en la Universidad de Virginia en mayo del 73 que algunos elementos de la prensa habían llevado el asunto Watergate a dimensiones desproporcionadas en una retórica de “auto-complacencia”.

Para el Washington Post, 40 años más tarde, lo único que han cambiado son los términos utilizados.

Durante su rueda de prensa diaria, el Secretario de Prensa Sean Spicer preguntaba a los medios la semana pasada, “¿Lograrán ustedes en algún momento aceptar la idea de que no hubo coalición?”.

Con los eventos de esta semana, la respuesta pareciera ser un rotundo “no”.