Un joven de 17 años fue detenido esta semana sin fianza como presunto autor de la muerte de un ecuatoriano apuñalado por una pandilla de jóvenes que salieron el 8 de noviembre a la caza de hispanos en las afueras de Nueva York.

La muerte de Marcelo Lucero, de 37 años, que residía en Patchogue, en el condado de Suffolk (Long Island), fue calificada por el gobernador de Nueva York, David Paterson, como "un ataque cobarde" y un "crimen de odio".

Lucero y otro inmigrante, que consiguió escapar y avisar a la policía, fueron atacados por siete adolescentes cerca de una estación de ferrocarril, según fuentes policiales.

Siete jóvenes, entre los 16 y 17 años, comparecieron el 10 de noviembre ante la justicia, y la fiscal adjunta del distrito, Nancy Clifford, presentó cargos contra ellos, los cuales se declararon no culpables.

La fiscal señaló que el sábado los siete salieron a las calles "determinados" a encontrar víctimas de origen hispano, lo que fue negado por algunos de los defensores que dijeron que no hubo nada premeditado.

Jeffrey Connor, al que se considera el autor de la puñalada que le costó la vida a Lucero, quedó detenido sin fianza como acusado de un homicidio de primer grado, mientras que los otros seis, uno de ellos José Pacheco de origen hispano, fueron acusados de asalto en grupo y deberán pagar fianzas de 150.000 a 250.000 dólares en efectivo para quedar en libertad.

Paterson calificó la agresión de crimen por motivos raciales. "Este acto desgraciado nos ultraja a todos", dijo y consideró que "este ataque cobarde y sin sentido por parte de adolescentes" no es algo tolerable, y pidió a las autoridades del condado de Suffolk que asistan a la policía para llevar ante la Justicia "a los autores de ese crimen de odio".

El estado de Nueva York, aseguró el gobernador, tiene "cero tolerancia" ante ese tipo de agresiones y pidió a las autoridades que apliquen a sus autores "todo el peso de la ley".

Analizarán petición de retirar cargos en caso Shenandoah

Entre tanto, en Shenandoah, Pensilvania, en un hecho similar ocurrido en julio pasado, un juez del condado Schuylkill, anunció este jueves que iba a considerar la petición de retirar los cargos de homicidio  en tercer grado contra dos estudiantes acusados de matar a golpes al mexicano Luis Ramírez.

Coalición hispana promueve a Bill Richardson como secretario de Estado

Una coalición de grupos hispanos pidió que el presidente electo, Barack Obama, considere al actual gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, como próximo secretario de Estado por su amplia experiencia en el ámbito internacional.

La Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA), que aglomera a 26 organizaciones regionales y nacionales, envió una carta a Obama en la que destaca la trayectoria política y diplomática de Richardson.

"Nadie está más calificado para servir como el principal diplomático de nuestro país que el gobernador Bill Richardson", dijo NHLA.

Recordó que fue Richardson quien contribuyó a la liberación de rehenes estadounidenses en Corea del Norte, Irak, Sudán y Cuba; logró un acuerdo de protección de los refugiados en Afganistán, y negoció la transición pacífica del poder en el Congo.

Richardson también negoció un cese al fuego en la convulsionada región de Darfur y más que un líder del Partido Demócrata o de la comunidad hispana, "es un líder estadounidense", destacó John Trasviña, presidente de NHLA y presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF).

Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), afirmó que Richardson "estará listo desde el primer día para representar a nuestro país en el exterior".

Piden cuenta regresiva en programa de deportación

Cuatro grupos pro derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que suministre información sobre un programa de deportaciones que obvia la comparecencia ante un juez de inmigración.

La Clínica de los Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Stanford, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la Unión de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California y el National Lawyers Guild-San Francisco (NLGSF), presentaron la querella bajo la Leys de Libertad de Información (FOIA) para obtener acceso a los datos del programa "Stipulated Removal", que ha deportado a más de 96.000 personas a nivel nacional.

La demanda interpuesta ante la corte de distrito de EEUU en el norte de California, busca también acceso a los datos de agencias como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Justicia (DOJ) y de su Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

Los activistas alegan que muchas de estas personas, pese a contar con defensas válidas en contra de una deportación, terminaron firmando, posiblemente bajo presión, un documento con el cual cedieron sus derechos de apelación.

"No sabemos si ellos (los inmigrantes) tienen conocimiento de lo que están firmando o quizás podría ser la barrera del idioma", explicó Jennifer Koh, abogada de la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Stanford.

"Y ese uno de los propósitos de la demanda, saber si estas personas tienen conocimiento de lo que están firmando", agregó.

Convocan a una marcha en favor de la reforma migratoria

Activistas pro-inmigrantes de Estados Unidos convocaron a una gran movilización para el próximo 21 de enero en Washington, para exigir una moratoria a las redadas y la reactivación del debate de una reforma migratoria integral.

Los activistas dejaron en claro que en la movilización celebrarán la histórica entrada a la Casa Blanca de un nuevo presidente, Barack Obama, y exigirán, a la vez, que el senador demócrata cumpla su promesa de llevar a cabo una reforma migratoria integral.

"Seguiremos activos mucho después de estas elecciones (...) representamos a millones de estadounidenses comprometidos con hacer lo que se requiera" para lograr la reforma, dijo Jessica Álvarez, presidenta de la Coalición Nacional para la Inmigración de la Capital.

Para Álvarez, la comunidad hispana usará el peso político que demostró en las urnas para exigir medidas que favorezcan a la minoría más grande del país y un fin inmediato a las redadas.

Según datos preliminares de America's Voice, Obama obtuvo el 66 por ciento del voto latino, frente al 32 por ciento que logró su rival republicano, John McCain.

Angélica Salas, del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa y directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, dijo que el nuevo amanecer político en EEUU debe pasar del miedo a la esperanza y de las redadas a una reforma que saque de la sombra a la población clandestina.

Chung-Wha Hong, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Nueva York, delineó las exigencias para 2009: reforma "justa y humana", pasos decisivos del Congreso de mayoría demócrata hacia esa reforma, una moratoria a las redadas, fin de las medidas del actual Gobierno que han perjudicado a inmigrantes y fomentar un diálogo "más respetuoso".

Los activistas quieren que la reforma migratoria figure entre las diez prioridades del nuevo Gobierno en sus primeros 100 días y que ésta finalmente incluya la ley "Dream Act" para la legalización de ciertos estudiantes indocumentados.

También esperan que en el 2009 el debate se realice en un clima de respeto y sin polarización.

"Los inmigrantes abandonaron al Partido Republicano porque el Partido Republicano los abandonó a ellos (...) marchamos por millones, votamos por millones y ahora pedimos" la reforma, enfatizó Salas.

EEUU ha deportado 1.400 mexicanos en lo que va de año

Como consecuencia de las 60 redadas contra inmigrantes indocumentados realizadas de enero a septiembre en Estados Unidos, 1.400 mexicanos fueron deportados a su país, informó la canciller de México, Patricia Espinosa, en un acto cerca de la frontera común.

La titular de Relaciones Exteriores afirmó en Ciudad Victoria, capital del estado fronterizo de Tamaulipas, que estas operaciones tienen "un gran efecto mediático" y remarcó que la cifra de mexicanos repatriados este año desde EEUU ha disminuido frente a la de 2007.

En el periodo de referencia, las autoridades estadounidenses realizaron 90 redadas, que se saldaron con un total de 4.040 mexicanos deportados.

Entre enero y mayo del 2008, la cifra de mexicanos indocumentados enviados de regreso a México, ya sea por deportación forzada o decisión voluntaria, fue de 360.000 de enero a mayo según el Instituto Nacional de Migración (INM) o cercana a los 450.000, según la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Espinosa aclaró que México no dispone de un programa oficial de repatriación con EEUU, salvo el que se implementa en verano en el estado de Arizona para evitar la muerte de indocumentados en el desierto.

Para la canciller, está teniendo lugar "una ligera disminución del flujo de mexicanos que regresan a México".

No obstante, al tratarse de flujos irregulares, "es difícil tener un registro que sea cien por ciento exacto", matizó.

Espinosa insistió en que su país seguirá buscando un acuerdo en política migratoria con la administración estadounidense.

En EEUU viven unos 20 millones de personas de origen mexicano.

Algunos analistas apuntan a que la crisis económica global motivará el regreso de un gran número de indocumentados a México a partir de enero del 2009, además de un descenso considerable de las remesas que envían desde allí a sus familias.