La Corte de Apelaciones de la ciudad de
Puerto Montt, en el sur de Chile, aceptó tramitar tres recursos de
protección contra HidroAysén, un proyecto hidroeléctrico que involucra
la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena, informaron
fuentes judiciales.

De forma paralela, el tribunal de alzada
acogió una orden de no innovar incluida por los recurrentes, lo que
supone la paralización temporal de las obras del proyecto, hasta que sea
fallado el fondo de los recursos.

El recurso de protección se
refiere a la vulneración de derechos constitucionales y, en este caso,
los recurrentes, entre los que figuran dos senadores, dos diputados y
varias organizaciones ambientalistas y sociales, sostienen que el
proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente limpio.

El
abogado externo de HidroAysén, Mario Galindo, precisó que el fallo del
tribunal de Puerto Montt es "una decisión judicial de tipo
administrativo" que no paraliza el proyecto.

El letrado
sostuvo que esta decisión es "puramente formal y que no hay
pronunciamientos sobre la legalidad o ilegalidad solicitada por la
recurrente".

HidroAysén, a cargo de un consorcio integrado por
Endesa Chile y Colbún, entre otras empresas, involucra una inversión de
3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5.000 hectáreas para
la construcción de 5 represas y la generación de unos 2.750 megavatios
de energía eléctrica.

El proyecto, rechazado por
organizaciones ecologistas y parte de la comunidad de la región de
Aysén, fue aprobado el pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación
Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de
Santiago.

Desde entonces, en Santiago y otras ciudades de
Chile se han sucedido las manifestaciones contra el proyecto, que han
congregado a decenas de miles de personas, mientras el consorcio
empresarial ha desplegado una campaña publicitaria para defenderlo.

La Corte de Puerto Montt, que corresponde a la región de Los Lagos,
al norte de Aysén, asumió la competencia de los recursos contra
HidroAysén después de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la
capital de la región involucrada, se inhabilitó para tramitarlos.

Como primera medida, el tribunal portomontino pidió a Pilar Cuevas,
presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, que en un
plazo de cinco días informe respecto de las denuncias de que la
aprobación del proyecto fue "arbitraria".