El senador republicano por Iowa, Charles Grassley, cuestionó este martes los datos oficiales sobre el flujo de armas ilícitas a México al considerar que éstos no reflejan el alcance del problema generado por el narcotráfico y el crimen organizado en ese país.

Grassley dijo en un comunicado que los datos divulgados la semana pasada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés) son "selectivos" y no reflejan con precisión "el alcance y origen del problema de las armas de fuego en México y la violencia" procedente de los narcotraficantes.

En una carta enviada al director interino de ATF, Kenneth Melson, Grassley dijo que es "claramente impreciso" afirmar que el 70 por ciento de las armas recuperadas en México puede ser rastreado a un vendedor de armas con sede en Estados Unidos.

El senador destacó en la misiva un desglosado del rastreo de armas y un cable diplomático del Departamento de Estado que corrige los mitos sobre la fuente del tráfico de armas en México.

Grassley señaló que, según el desglosado del mismo informe de ATF, del total de 26.813 armas rastreadas en 2009, sólo 5.800 procedieron de vendedores de armas estadounidenses.

Grassley tachó de errónea la sugerencia de ATF y de varios medios de comunicación de que las armas provienen directamente de fabricantes estadounidenses o que los negocios están vendiendo armas a los carteles de la droga.

"Esto no sólo pinta un panorama enormemente impreciso de la situación sino que aparentemente el Departamento de Estado también se opone" a esa sugerencia, dijo Grassley.

El senador ha exigido detalles de ATF y del Departamento de Justicia sobre el manejo de la operación "Rápido y Furioso", cómo se realizó y quién la supervisó.

El objetivo de la operación, según explicó en su momento ATF, era rastrear las armas que conseguían los narcotraficantes y miembros del crimen organizado, para así desmantelar a los carteles.

La operación fracasó, sin embargo, y centenares de armas fueron a parar a manos de los narcotraficantes tanto en México como en EEUU.

Algunas de esas armas fueron usadas en numerosos asesinatos, incluyendo el de Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza cerca de Nogales (Arizona) el pasado 14 de diciembre, según un informe que presentaron Grassley y el legislador republicano Darrel Issa, durante una audiencia en el Congreso la semana pasada.

La lucha contra el narcotráfico en México, que se nutre del consumo de drogas y el contrabando de armas provenientes de EEUU, se ha cobrado la vida de más de 37.000 personas en ese país desde 2006.

El presidente Barack Obama ha insistido en que ni él ni el fiscal general, Eric Holder, autorizaron la operación "Rápido y Furioso", y prometió que habrá consecuencias para los responsables.

El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación del asunto.

Tanto Grassley como Issa consideran que Melson debe al menos presentar su renuncia por el papel que jugó en el fallido operativo.