La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este viernes su preocupación por la nueva ley de inmigración aprobada en Alabama y pidió a EE.UU. que modifique ésta y otras leyes como la SB1070 de Arizona, para que se ajusten a estándares internacionales de derechos humanos.

La ley HB56 de Alabama autoriza a los agentes del orden locales y estatales verificar el estatus migratorio de los detenidos con "sospecha razonable" de ser indocumentados.

La CIDH advierte en un comunicado que esta ley no define "sospecha razonable", lo que puede conllevar a la utilización de "perfiles raciales" por parte de los agentes de seguridad y tal y como manifestó el pasado año cuando se aprobó la Ley SB1070 de Arizona, "existe un alto riesgo de discriminación".

La ley, que fue promulgada por el gobernador de Alabama el pasado 9 de junio, obliga a los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria a aclarar el estatus migratorio de los estudiantes extranjeros o hijos de extranjero.

Además, la HB56 penaliza actividades relacionadas con inmigrantes indocumentados tales como transportarlos, darles alojamiento o alquilarles vivienda, lo que "podría obstaculizar de forma indebida las labores de asistencia y protección de los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes".

La Comisión Interamericana considera "preocupantes" las leyes HB56 de Alabama y SB1070 de Arizona, así como otras leyes similares que han sido promulgadas en los estados de Utah, Indiana y Georgia.

Por ello, conmina a las autoridades de Estados Unidos a utilizar los mecanismos legales que tenga a su alcance para modificar estas leyes y ajustarlas a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los inmigrantes.

Otro aspecto "inquietante" para la CIDH es la "criminalización" de la presencia de inmigrantes irregulares o indocumentados, ya que "la detención de inmigrantes debe ser utilizada como un mecanismo excepcional, y los Estados deben establecer leyes y políticas de inmigración que se basen en la presunción de libertad".

La Comisión subraya que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio pero deben realizarse dentro del "pleno respeto" a los derechos de las personas afectadas.

Así como el respeto por los principios fundamentales como la no discriminación y los derechos a la libertad e integridad personal que "no pueden subordinarse a la implementación de los objetivos de las políticas públicas".