La mayoría de los trabajadores del campo en Carolina del Norte, muchos de ellos migrantes, no siguen las normas de seguridad en el manejo de pesticidas por falta de información, reveló un nuevo estudio.

Investigadores de la Universidad Wake Forest y del Proyecto Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte analizaron información extraída de 300 encuestas realizadas en el 2009 a agricultores del estado.

Otro de los hallazgos fue que el 18 por ciento de los agricultores había sido víctima de violaciones a las leyes laborales y que la mitad de estos sin la visa H-2A para trabajos agrícolas temporales habían ganado menos del salario mínimo federal.

El Centro de Justicia de Carolina del Norte, organización que lucha por los derechos de los trabajadores, expresó en un comunicado preocupación por la situación de los agricultores, en su mayoría migrantes sin documentos de trabajo.

"Los agricultores del estados enfrentan riesgos de seguridad y salud por violar estas disposiciones, Esto confirma que necesitamos urgentemente un mejor mecanismo de cumplimiento a las normativas existentes", afirmó Carol Brooke, abogada de la institución.

El estudio además resaltó que más de dos tercios de los campesinos no fueron provistos del entrenamiento de seguridad para manipular pesticidas y la mitad sólo fue informado cuando a los campos se les aplicaban los químicos.

Otra investigación del Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas (FLOC) y Oxfam America, dada a conocer el pasado mes mayo pasado, reveló que los migrantes que cultivan tabaco en el estado reciben bajos salarios, realizan sus labores en condiciones peligrosas, y la industria explota el miedo a que sean deportados.

La exposición a pesticidas causa vómitos y mareos a la persona e incrementa su riesgo de contraer cáncer, además de trastornos neurológicos y dificultades para la reproducción.

El informe de la universidad también enfatizó la existencia de una relación entre el no cumplimiento a las leyes de salario y problemas con la seguridad en el uso de pesticidas.

Los trabajadores que no recibieron un salario justo tampoco fueron informados de la aplicación de pesticidas en los campos y estos temen por represalias si dan a conocer las irregularidades.

La investigación resalta la necesidad urgente de contar con mayor vigilancia en el cumplimiento de las leyes vigentes y cooperación con las agencias de regulación.