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Barack Obama: forzado a producir decisiones en leyes de immigración

El presidente electo tendrá que afrontar la política migratoria en sus primeros meses de gobierno, aunque posponga la reforma para el final de su…

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Obama heredará de Bush decisiones ejecutivas sobre inmigración establecidas tras el colapso de las negociaciones para sacar adelante una reforma migratoria integral.

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, se verá forzado a tomar difíciles decisiones sobre política migratoria en sus primeros meses de gobierno, aunque decida posponer una reforma a las leyes de migración para el final de su administración.

De acuerdo con diversos analistas, Obama estará bajo la presión de grupos interesados en que se revisen o desechen políticas orientadas a reducir la inmigración ilegal puestas en vigor por el presidente George W. Bush, tras fallar su intento de reforma migratoria en 2007.

La inmigración no fue uno de los objetivos políticos prioritarios establecidos por Obama durante su campaña política.

Sin embargo, grupos sindicales, empresariales y pro inmigrantes, sienten la oportunidad de promover sus agendas luego que un amplio número de votantes hispanos respaldaron a Obama y le ayudaron a obtener el triunfo, en especial en entidades como Colorado, Nuevo México, Florida y Nevada.

Noorani dijo que le gustaría ver una reforma a las leyes de inmigración para noviembre de 2009.

Obama heredará de Bush decisiones ejecutivas sobre inmigración establecidas tras el colapso de las negociaciones para sacar adelante una reforma migratoria integral que incluía la legalización de millones de indocumentados.

Grupos pro inmigrantes y empresariales han reiniciado sus demandas para exigir cambios o incluso dar marcha atrás en algunas de las políticas migratorias establecidas por la administración Bush.

Los distintos grupos argumentan que dichas políticas han lesionado a los trabajadores y a los pequeños y medianos negocios.

Las redadas migratorias alrededor del país en los últimos dos años han sido uno de los signos más públicos de las medidas asumidas por Bush.

Las distintas organizaciones pro inmigrantes han criticado de manera enérgica las redadas y buscarán presionar a Obama para que las detenga desde el inicio de su administración. También, los grupos pro inmigrantes están promoviendo su causa en dos casos legales que deberán ser decididos al principio de la nueva administración.

En el primer caso, que está siendo analizada por una Corte Federal del norte de California, la administración Bush defiende una ley que combate a los empleadores que utilizan trabajadores indocumentados.

La ley, que está siendo impugnada por defensores de los inmigrantes, requiere que los patrones despidan a los trabajadores que no puedan aclarar las discrepancias que se presentan cuando sus nombres no coinciden con las bases de datos de la Administración del Seguro Social.

La disputa legal sobre la no coincidencia de los nombres de los trabajadores con sus números de Seguro Social ha estado pendiente desde finales de 2007 y se espera que el dictamen sobre la constitucionalidad de la misma se dé para marzo o abril de 2009.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los principales impugnadores de la ley, comisionó un estudio a principios de 2008 que mostró que dicho estatuto podría costar a los empleadores al menos mil millones de dólares por año.

El estudio también mostró que la ley podría afectar entre 37 mil y 165 mil trabajadores autorizados que no pueden resolver las discrepancias en el papeleo.

La Cámara de Comercio buscara defender su caso con los argumentos económicos. "Esto podría ser un desastre para los trabajadores y los pequeños negocios aún sin la actual situación de crisis económica", dijo Laura Reiff, de la Coalición de Inmigración del Trabajador Esencial.

"El implementar una ley como ésta es el desestabilizar la fuerza de trabajo de manera importante", indicó.

Quienes cabildean a favor de los inmigrantes sostienen que la próxima administración puede ordenar el desechar la posición del gobierno en el caso legal y dejar que se dictamine a favor de los grupos pro inmigrantes.

"La administración Obama puede llegar y permitir un acuerdo", dijo Randy Johnson, vice presidente de trabajo, inmigración y beneficio del empleado, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

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