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Los lazos amarillos se han convertido en el símbolo de los independentistas catalanes para pedir la liberación de los políticos y activistas catalanes puestos en prisión preventiva tras ser acusados por rebelión. Lazos amarillos en un puente sobre el río Ter, en la ciudad catalana de Gerona, donde fue alcalde el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont. Foto: Andrea Rodés.
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Por estas fechas, las callejuelas empedradas de Gerona, una bonita ciudad medieval, a unas 65 millas al norte de Barcelona, suelen estar decoradas con luces de Navidad y adornos navideños tradicionales de Cataluña, como el tió, un tronco seco que los niños cubren con mantas y dan de comer, para que el día de Navidad les “cague” juguetes.

 Este año, junto a estrellas brillantes, abetos y copos de nieve de papel han aparecido los lazos amarillos. Grandes o pequeños, de papel o de tela, iluminados o apagados, los lazos amarillos están por todas partes y simbolizan la demanda de puesta en libertad de los políticos y activistas independentistas encarcelados durante el proceso independentista que tuvo lugar en octubre, así como el retorno del presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, “exiliado” en Bruselas junto a otros siete miembros de su gabinete cesado.

 Puigdemont, que fuel alcalde de Gerona y es muy querido en esta ciudad, ha decidido presentarse de nuevo como presidente en las elecciones autonómicas catalanas convocadas para este jueves, 21 de diciembre, a pesae de que si vuelve corre el riesgo de ser encarcelado.

“No nos dejan llevar el lacito amarillo para ir a votar porque dicen que es propaganda electoral. Pero esto no tiene nada que ver con votar al partido independentista o no, solo estamos  pidendo libertad para los presos políticos ”, se queja Ana (nombre ficticio) dueña de un puesto de fruta y verdura en el mercado local.

Ana, que ha vivido en Gerona toda su vida, luce el lacito de punto tejido a mano enganchado a la solapa del jersey, como muchos otros tenderos del mercado. Mientras coloca bien los ramilletes de acelgas, dice en voz alta que es una vergüenza que los miembros del gobierno catalán fueran acusados por delito de rebelión después de la declaración de independencia que tuvo lugar en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre (el Parlamento catalán estaba controlado por una mayoría de partidos independentistas) y que la juez ordenase cárcel preventiva para todos.

Tres semanas después, la mayoría han sido liberados bajo fianzas multimillonarias - financiadas por asociaciones de ciudadanos independentistas - excepto el vicepresidente, Oriol Junqueras, además de dos activistas catalanes pro-independencia, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart. Ambos fueron acusados por delitos de sedición y osbtaculización de las fuerzas del orden al convocar una manifestación enfrente de un edificio gubernamental catalán cuando varios agentes de la policía española llevaban un registro en el interior. El registro tenía que ver con la organización de un referendum de independencia el 1 de octubre que, según el gobierno central, era ilegal. 

“Ya nos intentaron bloquear el referéndum, pero al menos conseguimos decir lo que queríamos: que queremos independizarnos de España, de este gobierno que no nos da prácticamente nada, y que además nos roba”, dice Ana, exaltada. 

Al oír esto, una clienta que se entretenía seleccionando zanahorias, suelta una carcajada de mofa. “Pero, a ver, en un mundo tan globalizado, ¿cómo vais a conseguir la independencia?”, pregunta la clienta, una mujer de unos ochenta años, cubierta con un chal de flores, que dice llamarse Conchita. Conchita llegó a Gerona de pequeña de la mano de sus padres, inmigrantes de Galicia, pero habla el catlaán con fluidez. "Me siento de aquí y de allí, nunca renunciaré a mis raíces gallegas. Soy internacional”, dice Conchita. En las elecciones del 21D no votará ni a independentistas ni a unionistas. “Votaría a alguien que hiciese las cosas bien, pero ninguno lo hace bien, así que no votaré”.   

Conchita explica que tiene hijos independentistas que piensan como Ana, y no pasa nada. "Aquí nadie se pelea por ésto", dice. Sin embargo, le apena ver que la independencia monopolice tanto la política. "En realidad este país tiene problemas mucho más importantes que la independencia: los problemas sociales, por ejemplo: las familias que no llegan a final de mes, o que han sido desalojadas de sus casas porque no pueden pagar las hipotecas. Éstas  deberían ser las prioridades”, dice.

En Gerona, por mucho que a Conchita no le guste el tema, el independentismo se respira en el ambiente, excepto en las barriadas de las afueras, habitadas principalmente por descendientes de inmigrantes del resto de España. La propia alcaldesa, Marta Madrenas, no tiene dudas de que el próximo jueves los separatistas ganarán por mayoría las elecciones. “Es una cuestión de dignidad, ganaremos”, dice Madrenas, afiliada al mismo partido de Puigdemont. “El independentismo en Gerona es muy fuerte, quizás porque aquí hemos sabido mantener mejor la lengua y las tradiciones catalanas que en otros lugares, pero en general es un movimiento transversal, que se extiende por todo el territorio catalán”, añade la alcaldesa.

Madrenas confía en que este jueves, el pueblo catalán votará a los nacionalistas para castigar la conducta represora del gobierno central del conservador Mariano Rajoy contra Catalunya durante los últimos meses. El acto de represión más evidente se cometió el 1 de octubre, cuando el estado quiso reprimir por la fuerza la realización de un referéndum por la independencia que a los ojos del gobierno central era inconstitucional. En lugar de dejar que los votantes votasen tranquilamente -  y negar después la oficialidad del resultado- el gobierno central de Mariano Rajoy optó por recurrir a la brutalidad policial. Las imágenes de la policía aporreando a los civiles armados con papeletas en los colegios electorales tuvieron una amplia difusión en los medios internacionales, dando una imagen nada favorecedora de la democracia española.

En los días después del referéndum, el gobierno catalán decidió seguir adelante con su plan unilateral de declaración de independencia, imaginando que el gobierno español se sentaría a dialogar. En lugar de eso, el gobierno de Rajoy, con el apoyo del partido de la oposición, decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite destituir al gobierno regional, suspender las instituciones autonómicas y convocar anticipadamente elecciones.

El conflicto Catalunya-España no es reciente. Sin embargo, el movimiento separatista empezó a tomar envergadura seria a partir del año 2012, cuando el Tribunal Constitucional rechazó definitivamente el nuevo estatuto para obtener mayor autonomía fiscal para la región. El estatuto había sido aprobado previamente por el parlamento catalán y el congreso de los diputados en Madrid, pero el Partido Popular, (el partido del actual presidente Mariano Rajoy) decidió recurrirlo. Desde entonces, miles de catalanes han salido a la calle para pedir que se escuchen sus peticiones de mayor autonomía política y fiscal, pero el gobierno central ha hecho siempre oídos sordos. 

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