La fiscalía estatal de Georgia apeló este lunes la decisión de un juez de bloquear la implementación de las cláusulas más controvertidas de la nueva ley migratoria HB 87, que entró en vigencia el 1 de julio.

De acuerdo con los argumentos presentados por la fiscalía, la nueva ley no se "inmiscuye" de forma ilegal con la potestad del Gobierno federal de regular los asuntos migratorios.

Un juez federal ordenó a finales de junio detener la entrada en vigor de las provisiones de la ley que permitían a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no pudieran proporcionar una identificación válida y otra que buscaba penalizar a quienes transportaran o albergaran a inmigrantes indocumentados.

En su veredicto, el juez señaló que la legislación sobre temas de migración le competía sólo al Gobierno federal e indicó que los demandantes tenían suficientes argumentos para demostrar que estas disposiciones interfieren con las leyes federales.

La demanda contra la HB 87 fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Sindicado de Trabajadores de Servicios (SEIU), el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC).