James Comey, Michael Flynn, Donald Trump, Robert Mueller, Jeff Sessions… todos se suman en una palabra que resuena en todas las esquinas del país: Russiagate.

Desde que el vicefiscal general Rod Rosenstein nombrara durante el mes de mayo del 2017 a Robert Mueller como fiscal especial en la investigación especial del Departamento de justicia sobre una posible colusión entre la campaña del Presidente Trump y Moscú, muchos han anticipado que se tratará de una salida parecida al conocido caso Watergate que obligó al Presidente Nixon a renunciar.

Mueller y su equipo han ido cercando paulatinamente al Presidente Trump, investigando, entrevistando y condenando a personas cercanas a su campaña como George Papadopoulos (ex asesor de política exterior de la campaña), Paul Manfort y Rick Gates (ex director de campaña y asesor político, y cabildero), Michael Flynn (Asesor de Seguridad Nacional), entre otros.

El pasado lunes, el círculo se cerró aún más cuando el FBI llevó a cabo una redada en la oficina, residencia y habitación de hotel del abogado personal de Trump, Michael Cohen.

Según reportó el Washington Post, el buró habría decomisado “comunicaciones privilegiadas entre Trump y su abogado privado, Michael D. Cohen – así como documentos relativos al pago de 130.000 dólares hecho a Stormy Daniels, actriz de películas para adultos que presuntamente tuvo una aventura con Trump”.

El medio describe a Cohen como “su bóveda virtual – el guardián de sus secretos, desde sus acuerdos de negocios hasta sus asuntos personales – y el ejecutor de sus deseos”.

Y para Trump este ha sido un detonante de angustia y desespero que, como es frecuente, se ha transformado en ira.

Según asesores de la Casa Blanca, “el presidente pasó gran parte de la tarde del lunes pegado al televisor”, y al final del día enfrentó a los reporteros demostrando su ignorancia en los conceptos básicos del Estado de Derecho a través de sus comentarios:

El FBI, a quien el presidente se refiere como “ellos”, no “irrumpió”, sino llevó a cabo un procedimiento, si bien extraordinario, perfectamente legal, al obtener órdenes de allanamiento aprobadas por un juez magistrado, explica David A. Graham de The Atlantic.

Si bien el presidente ha amenazado al abogado especial – particularmente si investigaba sus asuntos personales -, es bien sabido que sus asesores y los Republicanos le han recomendado no hacerlo.

Pero el aumento en sus ataques contra el FBI y sus agentes involucrados en la investigación supone que el Presidente desconoce la neutralidad política de las agencias de investigación, así como la indispensabilidad de la misma.

Sugerir un conflicto de intereses dentro de la investigación es tan sólo síntoma de un exceso de horas de Fox and Friends. Para cualquier conocedor del asunto, la investigación del FBI está dirigida por Republicanos, muchos de los cuales fueron nombrados por el mismo Trump.

Según el Washington Post, Trump podría estar haciendo referencia a varios de los abogados que trabajan dentro del equipo, quienes “han donado a los Demócratas o a la campaña de Hillary Clinton en el 2016”. Pero tanto Sessions como Rosenstein y Mueller (e incluso Comey) son Republicanos de pura cepa.

No es primera vez que Trump declara públicamente que “si hubiésemos sabido que iba a recusarse, habríamos nombrado a alguien más”, como si la función última del Fiscal General de la nación fuera la de proteger al presidente y no la de servir como el principal abogado del gobierno, según continúa Graham.

Esta fue la perla de las reacciones del presidente. Pasar de “caza de brujas” a “ataque a la nación” es más que una hipérbole, es implicar retóricamente que un ataque al presidente es un ataque al país entero, como si de una nación autocrática se tratara. Citando a Aaron Blake del Post: “hemos alcanzado un completo y nuevo nivel de fealdad en este asunto”.