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Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson. Getty Images.
Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson. Getty Images.

Perpetuando la segregación

Un grupo de organizaciones activistas ha introducido este martes una demanda contra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano por su decisión de…

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A principios de año, el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Ben Carson, anunció que “las ciudades y los condados que reciben fondos federales no se les requerirá analizar los datos de vivienda ni introducir planes al HUD para enfrentar la segregación hasta después del 2020”, reportó The Associated Press

La medida ha sido percibida como un nuevo intento de “perpetuar la segregación” y mantener la fuerte diferenciación de estratos sociales en el país.

Conocida como la Affirmatively furthering fair housing (Fomentando la vivienda justa positivamente), esta regulación promulgada en julio del 2015 por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos permitía a las ciudades y pueblos que recibían dinero federal examinar sus patrones de vivienda y evaluar los prejuicios raciales, en un intento por promover la integración racial, particularmente en ciudades como Chicago y Baltimore – donde existen barrios preponderantemente afroamericanos.

En el momento, gran parte de los grupos de derechos civiles aplaudieron la medida, mientras que los conservadores, en especial Carson, argumentaron que se trataría de “ingeniería social”.

El HUD emitió un comunicado en enero asegurando que “detendría inmediatamente la revisión de los planes que habían sido introducidos pero no aceptados, y que las jurisdicciones no tendrán que cumplir con el dictamen hasta después del 2020”, continúa AP.

"Lo que escuchamos nos convenció de que la herramienta Evaluación de Vivienda Justa para los gobiernos locales no estaba funcionando bien", reza el comunicado. "De hecho, más de un tercio de nuestros primeros remitentes no presentaron una evaluación aceptable, no por falta de intentos, sino porque la herramienta diseñada para ayudarlos a tener éxito no fue útil".

Pero para organizaciones como la National Fair Housing Alliance, Texas Appleseed y Texas Low Income Housing Information Service, la decisión de Carson es ilegal, pues “el hecho de que las solicitudes no logren cumplir los requerimientos afirma, en vez de cuestionar, por qué el HUD consideró que la sentencia era necesaria”.

Según reportó el Washington Post, la demanda de las organizaciones alega que “Carson suspendió ilegalmente la sentencia del 2015 al no proveer un preaviso público o la oportunidad de comentar”, dice el documento al que el medio tuvo acceso.

El abogado Michael Allen aseguró que las medidas de Carson "le dice a todos los que se oponen a la integración, a todos los oponentes de viviendas asequibles y buenos barrios, ya sean individuos, funcionarios electos o gobiernos locales, que nadie los presionará a nivel del HUD en el futuro previsible", según continúa AP.

“Esto significa que seguirán haciendo lo que siempre hacen: perpetuar la segregación”, subrayó.

Por su parte, el HUD ha argumentado que “el proceso es muy oneroso para las comunidades y que se han dedicado muchos recursos del Departamento para ayudarles a revisar los planes”, continúa el Post. “En consecuencia, (el HUD) interrumpirá las revisiones de planes e instruirá a las comunidades en el proceso de revisar sus planes de no enviarlos”.

Los datos del HUD demuestran que durante los últimos años los fondos federales no se han visto retribuidos con logros específicos en materia de evitar la segregación y mejorar las condiciones de las comunidades, pero las organizaciones demandantes sugieren que las cosas se hagan por los canales regulares y se intenten medidas que no incluyan precisamente la suspensión de la sentencia.

"Décadas de experiencia han demostrado que, abandonadas a sus propios dispositivos, las jurisdicciones locales simplemente se embolsarán fondos federales y harán poco para promover los objetivos de vivienda justa", dijo la demanda. "La intervención judicial es necesaria para reivindicar el estado de derecho y para llevar una vivienda justa a las comunidades que han sido privadas de ella por demasiado tiempo".

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