Se hace difícil creer que en el año 2018 en Estados Unidos todavía exista una institución financiada con fondos federales que encarcele a niños.

El Centro Residencial del Condado de Berks (Berks County Residential Center) está ubicado en Leesport, Pa, a unas 60 millas al noroeste de Filadelfia, es uno de los tres únicos centros de detención de inmigrantes del país que encarcela a niños con sus padres. La gestión de las instalaciones depende del condado de Berks, mediante un contrato con la Oficina de Inmigración y Aduanas de los EE.UU (ICE).

Lo que hace a Berks diferente de los otros dos centros, ambos ubicados en Texas, es que aquí no existen límites sobre el tiempo que las familias pueden ser detenidas. Se conocen casos de personas que han llegado a estar atrapadas en un limbo legal dentro del centro durante dos años o más, según diversos informes.

Muchas de estas familias proceden de Centroamérica y son detenidas mientras piden asilo, para huir de la violencia en sus países de origen. Activistas proinmigrantes aseguran que en la actualidad hay una treintena de familias detenidas.

En 2016, un grupo de madres detenidas en Berks participaron en una huelga de hambre después de que Jeh Johnson, entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declarase que el tiempo promedio de estadía en centros de detención de inmigrantes en EE. UU. era de 20 días o menos. Esas mujeres afirmaban que en ese momento varias familias recluidas en Berks llevaban por lo menos casi un año encerradas.

“En muchas ocasiones, nuestros hijos han pensado en el suicidio debido al confinamiento y la desesperación que causa estar aquí”, decía una carta enviada por 22 mujeres detenidas en Berks en agosto de 2016, según informó The Guardian.

Más allá de la inaceptable cantidad de tiempo que niños, mujeres y hombres hayan estado encerrados en el centro, los defensores del cierre de Berks han denunciado otros problemas  relacionados con la instalación.

Según un reportaje emitido por NBC10 el año pasado, el centro puede albergar hasta 96 personas y cada habitación tiene de seis a ocho camas. Los críticos dicen que estas condiciones crean un ambiente inapropiado para los niños.

“Tenemos algunos ejemplos, como el de un padre y su hija compartiendo habitación con otras madres y niños”, declaró a NBC10  Bridget Cambria, abogada probono que representa a los detenidos en Berks. “¿En qué otro lugar se permite esto?”.

También se han dado casos de atención médica inadecuada a los niños detenidos en el centro. En 2016, AL DÍA expuso el caso de una madre detenida en Berks que tuvo que esperar tres meses después de solicitar una evaluación médica para su hija de 5 años hasta que ésta fue  finalmente atendida por un médico.

La niña, que sufría episodios de diarrea, fue finalmente diagnosticada con shigellosis, una enfermedad infecciosa que puede causar brotes, especialmente entre los niños pequeños.

La conducta sexual por parte del personal de Berks también se ha convertido en un problema. Según otro reportaje de NBC10 emitido en 2017, un miembro del personal de Berks se declaró culpable de agresión sexual institucional contra una mujer de 19 años y pasó cinco meses en la prisión del condado por su crimen. Su sentencia fue más breve que la cantidad de tiempo que la mujer hondureña que había sido víctima de la agresión sexual pasó encerrada en el centro de detención, que fue de ocho meses.

Los ejemplos anteriores solo brindan una idea de los numerosos problemas planteados con respecto a las condiciones del centro.

Durante años, las llamadas a cerrar el Centro de Detención de Berks han llegado de púlpitos grandes y pequeños, de organizaciones locales de defensa de los inmigrantes como Juntos y GALAEI a políticos de alto perfil, como Bernie Sanders. Mientras se postulaba para presidente en 2016, el senador de Vermont dijo durante un evento de campaña en Reading, Pensilvania, que había llegado el momento de que la instalación cerrara sus puertas.

“El gobierno no debería participar en el doloroso e inhumano negocio de encerrar a familias que han huido de la violencia indescriptible que sacude Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países en todo el mundo”, dijo Sanders. “En cambio, deberíamos tratar a estas familias con compasión, la dignidad y el respeto que merecen”.

El senador de Pensilvania Bob Casey ha instado al DHS, bajo la presidencia de Donald Trump, a cerrar el centro, y el gobernador Tom Wolf ha solicitado que se revoque la licencia de la instalación, presionando al DHS para que las familias encerradas puedan ser reubicadas en entornos comunitarios.

El candidato demócrata a vicegobernador y alcalde de Braddock, John Fetterman, ya planteó este tema durante un foro organizado el pasado 11 de abril por AL DÍA junto al resto de candidatos a vicegobernador:

“Nunca somos más antiamericanos que cuando perseguimos la americanidad de los inmigrantes, y eso es algo escandaloso”, dijo Fetterman durante el foro. “Y es despreciable que tengamos un centro de detención familiar aquí, en nuestra propia comunidad, en el condado de Berks, que encarcela a los niños junto a sus padres”, añadió.

El domingo siguiente, Fetterman se unió a una treintena de manifestantes en una vigilia celebrada en las afueras del centro para pedir la liberación de las familias encerradas allí. Como parte de su campaña a vicegobernador, Fetterman también ha abierto una petición online para cerrar las instalaciones.

Con tanta gente condenando la existencia del centro de detención, no es de extrañar que en 2016 el DHS decidiera no renovar la licencia de residencia de niños al centro. Sin embargo, un juez ordenó que se reestableciera la licencia el año siguiente.

El centro continúa operativo desde entonces, pero en la actualidad un juez de derecho administrativo ha abierto un proceso para considerar si el centro califica o no para la licencia, según un reportaje publicado este mes por NBC10.

De acuerdo con el mismo reportaje, la organización sin fines de lucro Aldea - The People’s Justice Center, que ofrece servicios legales probono, presentó este mes una petición para intervenir en el caso en representación de los residentes del centro, tanto antiguos como actuales, con el fin de presentar pruebas que respalden el cierre de la instalación.