A estas alturas ya deberíamos estar acostumbrados a que el gobierno de Donald Trump no da puntada sin dedal, pero la publicación de cifras multimillonarias en contratos para alojamiento y detención de niños inmigrantes sin acompañante es una nueva joya administrativa.

Después de que el Fiscal General Jeff Sessions anunciara nuevas y contundentes medidas anti-inmigratorias durante el mes de febrero, parte de su Programa de Niños Extranjeros Sin Acompañante contenía un contrato para “refugio de emergencia” para más de 500 niños inmigrantes, que aumentó el 4 de mayo para “proveer camas para más de 1.000 niños”, pagando a la compañía “sin fines de lucro” Southwest Key Programs Inc. hasta 31 millones de dólares, reportó el Japan Times.

De acuerdo a la declaración de impuestos de la compañía, consultada por el medio, Southwest Key Programs Inc. “recibirá más de 458 millones de dólares en el año fiscal 2018”, y cuenta con “una decena de instalaciones en Texas incluyendo un sitio en un antiguo WalMart en Brownsville que ha llamado la atención de los miembros del Congreso y organizaciones de noticias nacionales”, y que es actualmente conocido como el centro de detención Casa Padre.

Este tipo de organizaciones “dirigen sistemas de detención y cuidado para niños inmigrantes en nombre del Departamento de Salud y Servicios Humanos”, explicó la revista TIME, más específicamente bajo la Administración de Niños y Familias (ACF), una agencia dependiente de ese Departamento.

Gracias a la nueva política de “tolerancia cero” del gobierno, las unidades familiares detenidas sin documentos en la frontera proceden a ser separadas, siendo los padres procesados inmediatamente por entrada ilegal y los niños son puestos bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados bajo el estatuto de “menor sin acompañante”, aún cuando llegaron al país de la mano de sus padres.

Esto suma una considerable cantidad de jóvenes y niños a las cifras de otros detenidos que sí habían llegado al país por cuenta propia, lo que ha rebasado la capacidad de los centros de detención de Inmigración y Aduanas.

En otras palabras, las nuevas políticas gubernamentales se han transformado en la gallina de los huevos de oro de compañías que administran centros de detención.

La oficina de refugiados actualmente da albergue a aproximadamente 12.000 niños inmigrantes, de acuerdo a las declaraciones del secretario asistente de la ACF, Steve Wagner. Más de 2.000 de ellos han sido separados de sus familias al llegar al país, y trasladados a varios centros de detención en todo el territorio nacional.

Sin embargo, este sistema de beneficio económico a costillas de la inmigración no es nada nuevo.

Según reportó el New York Times, Southwest Key Programs “ha ganado al menos 955 millones de dólares en contratos federales desde el 2015 para llevar refugios y proporcionar otros servicios a niños inmigrantes bajo custodia federal”. Además del refugio en el antiguo Walmart, sólo en la región de Texas “operan más de 30 instalaciones (…) con muchos otros contratos para alrededor de 100 refugios en otros 16 estados”, continúa el medio.

Esta realidad había pasado desapercibida ante el ojo público desde hace tiempo, en especial porque gran parte de los empleadores poseen políticas de no revelación con sus empleados, según explica el Times. Pero gracias a las imágenes recientemente publicadas por los medios, las investigaciones se han volcado a desvelar la maquinaria económica detrás de las políticas de detención de inmigrantes en la frontera.

Si bien ya existe una “pequeña red de compañías privadas de prisiones” activa tanto en Texas como en Pennsylvania, algunos analistas sospechan que esto no hará sino crecer bajo las nuevas directivas presidenciales.

Organizaciones como la BCFS y otras contratistas – frecuentemente afiliadas a grupos religiosos – han llevado a cabo durante años lo que se ha presentado como “trabajo comunitario” al alojar y cuidar de niños e inmigrantes en general; lo que se desconocía hasta ahora era la magnitud de los contratos facilitados por el gobierno.

Al parecer, cuando de inmigrantes se trata, no hay tal cosa como “sin fines de lucro”.